La Plenaria de la Cámara de representantes aprobó ayer tarde por unanimidad en segundo debate, el proyecto de ley que fija a “las entidades estatales del orden nacional, departamental, distrital y local (deberán) incorporar paulatinamente y a más tardar hasta el 31 de julio de 2022, en sus diferentes dependencias el servicio de intérprete y guía intérprete para las personas sordas y sordociegas”.
El Representante de Arauca José Vicente Carreño Castro, autor del mencionado proyecto de ley, explicó que la iniciativa ajusta además dos aspectos de la Ley 982 de 2005 o Ley de oportunidades para personas sordas y sordociegas, en el sentido de que el intérprete no solo sea para el servicio al cliente de estas entidades, sino además a cada una de las dependencias de éstas; y especificar que el servicio debe ser igualmente para las entidades estatales territoriales.
En la discusión y aprobación del proyecto de ley en la Plenaria de la Cámara -que ahora pasa a Senado- el Coordinador Ponente Esteban Quintero avaló una proposición del Representante Verde Fabián Díaz, para que el servicio también se preste en instituciones de educación superior; y una proposición del Representante de comunidades Raizales Arley Murillo para que el Gobierno Nacional reglamente un seguimiento y control a la efectiva implementación de esta disposición legal.
