La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el alcalde de la ciudad de Arauca (2012-2015), Luis Emilio Tovar Bello; el secretario de Gobierno municipal, Luis Jaime Triana Rodríguez; y el jefe de la oficina asesora Jurídica, Jackson Javier Cáceres Sierra.
Según la investigación adelantadas por el Ministerio Público, los funcionarios habrían planeado y aprobado el contrato de obra N° 430 de 2013, para el mejoramiento del CEIN Sikuani Playero, construcción ubicada en el resguardo indígena Matecandela, vereda Los Barracones, en jurisdicción del municipio de Arauca, con sobreprecios por más de $ 60 millones en el material necesario para la instalación de 1.500 metros cuadrados de cielo raso tipo PVC.
En el proceso se encuentran como pruebas varias cotizaciones de reconocidas ferreterías y depósitos de materiales de construcción de la región, así como las tablas de costos de otros contratos de obra de la misma época, que muestran una considerable diferencia entre los valores del mercado y el que se incluyó en el contrato en cuestión para el cielo raso en PVC.
La entidad estableció que el costo promedio del insumo referido fue de $ 54.492 y el que se cobró en el contrato de obra ascendió a los $93.725 por metro cuadrado, es decir, se probó una diferencia de $39.233 por dicha unidad de medida. En total el presunto detrimento patrimonial por sobreprecios ascendería a los $60.576.369.
El Ministerio Público consideró en su pliego de cargos que el exalcalde, Luis Emilio Tovar Bello; el secretario de Gobierno, Luis Jaime Triana Rodríguez; y el jefe de la oficina Jurídica, Jackson Javier Cáceres Sierra, “participaron en la etapa precontractual y en la actividad contractual con presunta violación de los principios de planeación y economía en el contrato de obra 430 de 2013”.
La falta enrostrada provisionalmente a los servidores fue calificada provisionalmente como gravísima, a título de culpa gravísima, “ya que, según el análisis de esta Delegada, el disciplinado cometió la falta por desatención elemental de los deberes obligaciones a su cargo”, señala el documento.
Terminada la etapa de instrucción, el expediente se remitirá a la Procuraduría Delegada para el Juzgamiento Disciplinario (reparto), ante la cual los sujetos procesales podrán presentar descargos, rendir versión libre, así como aportar y/o solicitar pruebas y sus alegatos.
