La Procuraduría alertó sobre la preocupante situación que afrontan, por lo menos 4 millones de colombianos que viven en Venezuela, ya que allí, los consulados no están funcionando.
Quejas allegadas al Ministerio Público, por connacionales colombianos residentes en la vecina nación, denunciaron que el consulado general en Caracas no opera por lo que se están viendo obligados a trasladarse hasta Cúcuta o a puntos fronterizos como Maicao, Puerto Inírida y Arauca, para realizar algún trámite.
“Nos sentimos «abandonados» por el estado colombiano, en particular por el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país”, señalan, entre otras, algunas de las quejas de colombianos radicados en Venezuela.
Ante la situación, la Procuraduría General de la Nación, designo mediante Agencia Especial a la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, desde donde se adelantaron acciones preventivas y se requirió al señor canciller, Álvaro Leyva Durán, para que precise la situación alrededor de la prestación de los servicios consulares para los colombianos en el territorio venezolano.
Después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, dada el pasado 12 de agosto de 2022, a la fecha el funcionamiento de las oficinas consulares no ha comenzado, de acuerdo a lo manifestado por escrito por la propia Cancillería.
Así las cosas y ante el riesgo que representa para la garantía de los derechos de los colombianos residentes en el exterior, el Ministerio Público solicito a la Cancillería concretar, con detalles, cuando tendrá lugar el restablecimiento y la reapertura de las oficinas consulares y porqué de los 15 consulados que existían ninguno está operando y no se han designado servidores públicos para ejercer esas funciones en Venezuela.
La Procuraduría también pidió al Ministerio de Relaciones exteriores explicaciones de cuántas oficinas consulares finalmente, estarán operando en 2023 y especificar la fecha en que se abrirá el servicio en la ciudad de Caracas.
El Ministerio Público advirtió que va a seguir interviniendo para proteger los derechos de los connacionales y el normal funcionamiento de la función pública, lo anterior en desarrollo de la agencia especial creada por la Procuradora General de la Nación para tal fin.
