La pandemia por causa de la COVID-19 impactó en gran medida la salud mental de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, luego de revisar los casos de suicidio en menores de edad entre 2015 y 2022.
“Esta es una realidad que aumenta de manera preocupante y por eso desde Alianza por la Niñez Colombiana, World Vision Colombia, y la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a tomar acciones para trabajar en su prevención, fortalecer entornos protectores y fomentar el desarrollo de habilidades en los cuidadores para detectar problemas de comportamiento y, con apoyo psicosocial, hacer que los conflictos no terminen de manera fatal”, dijo el Defensor del Pueblo.
El llamado a todos los sectores sociales se da a propósito de la entrega del informe ‘Análisis de las cifras sobre suicidio e intento de suicidio infantil en Colombia en el periodo 2015 y julio de 2022’, el cual fue realizado por la Alianza por la Niñez Colombiana, World Vision Colombia y la Defensoría del Pueblo, basado en las cifras publicadas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) y el Instituto Nacional de Salud – INS, a través del SIVIGILA.
“Lo que nos deja ver este informe, es que se requiere con urgencia una atención de manera intersectorial, no es suficiente el trabajo desde el sector salud si este no se articula con lo que sucede al interior de las familias, las escuelas y los otros entornos donde se desarrollan las niñas y los niños. El análisis que realizamos también nos permite identificar que es clave trabajar en la forma en la que se están reportando los datos y las variables que se trabajan desde el IMLCF y el INS”, anota Angélica Cuenca Gómez, secretaria ejecutiva de Alianza por la Niñez Colombiana.
El informe presenta hallazgos y conclusiones determinantes, una de estas es que entre enero de 2015 y julio de 2022 se cometieron 2.060 suicidios y 32.719 intentos de suicidios de niñas, niños y adolescentes, lo cual indica que es una problemática que afecta la garantía plena de los derechos de la niñez y la adolescencia en el país.
Además, a propósito de la pandemia, se estableció que el 2019 fue el año con el mayor número de casos reportados, con un total de 290. A julio de 2022, la cifra ya llega a los 179 suicidios reportados de niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años de edad, superior en 13% al reporte del mismo período del año anterior.
“Esto de por sí ya es grave y tenemos que actuar rápido porque se estima que, si la tendencia continúa por los próximos meses, el 2022 podría tener la cifra más alta de casos registrados en los últimos 7 años, lo que resulta preocupante para la garantía integral de los derechos de los niños”, agregó Carlos Camargo.
En Colombia, en el 2019 y 2020 se registraron en el SIVIGILA 17.211 intentos de suicidio en menores de 18 años. El 2019 fue el año con mayor número de casos, 9.957, de los cuales el 74% (12.733) de los intentos registrados corresponden a niñas y adolescentes y el 26% (4.478) a niños y adolescentes. Así mismo, el análisis de datos dio como resultado que para los años 2016, 2018, 2019 y 2020, entre el 2,8% y el 4,2% de los intentos de suicidio terminan en acto suicida.
Por otro lado, el DANE registró en el primer cuatrimestre de 2022 un total de 903 lesiones auto infligidas y secuelas; de las cuales, el 16,16% (146) del total de casos corresponden a suicidios en niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 19 años de edad. De estos, 28 ocurrieron en menores de 14 años y 118 en adolescentes, entre los 15 y 19 años de edad.
Vale destacar que entre los 5 y 13 años de edad los principales motivos de intentos de suicidio son el maltrato físico, psicológico y sexual en el entorno escolar; mientras que entre los 14 y 19 años están asociados a factores familiares.
“El cuidado de la salud mental de niñas, niños y adolescentes debe ser considerado un tema prioritario en la agenda pública. Y, en ese sentido, el suicidio infantil es una problemática que requiere acciones que deben ser abordadas cuanto antes por el Estado, la familia y la sociedad para mitigar los factores de riesgo que pueden impulsar a los menores de edad a tomar esta decisión y potenciar los factores de protección”, agregó el Defensor del Pueblo.
Es importante mencionar que, a pesar de la existencia de la Ley de Salud Mental 1616 de 2013 que dispone garantizar el ejercicio pleno de derechos a la salud mental y darle prioridad a niñas, niños y adolescentes mediante promoción de la salud y prevención del trastorno mental, y la atención integral en salud, persiste la necesidad de implementar programas pedagógicos para el desarrollo socioemocional y programas de atención especializada en salud mental en las instituciones educativas.
