acarrear una vulnerabilidad, ya que funcionarios públicos o sectores de la sociedad podrían interpretarlas como instrucciones, instigaciones, autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos contra su vida, seguridad personal, u otros derechos”.
Además, en contexto electoral, las y los servidores públicos deben actuar con estricta neutralidad política.
En efecto, el artículo 127 de la Constitución Política y las normas que desarrollan las garantías electorales prohíben utilizar la investidura, los recursos públicos o la autoridad del cargo para favorecer candidaturas, intervenir indebidamente en campañas o alterar las condiciones de equidad en la contienda.
El discurso oficial que participa e interfiere en el proceso electoral es una obstrucción al debate y a las garantías electorales.
En este marco, la FLIP hace un llamado a los funcionarios públicos —en especial a quienes ocupan los más altos cargos del Estado— y a las campañas y actores políticos a ajustar sus discursos y actuaciones a los estándares interamericanos de libertad de expresión, abstenerse de promover narrativas estigmatizantes contra la prensa y contribuir a un ambiente seguro y propicio para el ejercicio del periodismo en el contexto electoral.
Impacto sobre la prensa
Todas estas agresiones, además de afectar directamente a periodistas y medios, deterioran el debate democrático y el derecho ciudadano a estar informado. Los ataques, señalamientos y campañas de desprestigio generan un efecto inhibidor: frenan la publicación de investigaciones de interés público y llevan a la autocensura de determinados temas, fuentes o actores por temor a represalias.
Varios organismos, como la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su reciente informe, han advertido que la violencia y el hostigamiento contra la prensa producen un “efecto silenciador” que opera como una forma indirecta de censura: no prohíbe de manera explícita, pero genera un efecto de parálisis que lleva a las personas a dejar de hablar, investigar o actuar.
Cuando estas agresiones se normalizan, se pone en riesgo a quienes ejercen el periodismo y se debilita el debate público. Si se intimida a la prensa, se reduce la diversidad de voces, se limita la denuncia de irregularidades y la ciudadanía no puede tomar decisiones informadas, especialmente en contextos electorales.
La combinación de estigmatización desde el poder, agresiones, presiones judiciales y campañas de descrédito configura un escenario que afecta de manera directa las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información.
La FLIP continuará documentando y monitoreando la situación de la prensa en el país, así como las agresiones que constriñen la labor de denuncia, vigilancia y control social que ejercen periodistas y medios de comunicación durante este proceso electoral.
El país requiere que se brinden garantías plenas para desarrollar el ejercicio periodístico y para que la ciudadanía pueda acceder a una información libre de presiones.
