Un fiscal especializado formuló una nueva imputación de cargos contra el suspendido gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por estar presuntamente implicado con irregularidades en millonarios contratos suscritos en el marco de la pandemia derivada por la covid – 19.
La Fiscalía delegada sindicó a Castillo Cisneros de cometer los delitos de interés indebido en la celebración de contratos agravado y peculado por apropiación en grado de tentativa.
Según los investigadores, este caso se relaciona con el trámite y celebración del contrato 198 de 2020, que se adjudicó a la firma Multiservicios ‘Mael Sas Zomac’ la logística y entrega de kits de ayuda humanitaria para la población afectada por la emergencia sanitaria de la covid-19 en el departamento.
De acuerdo con los peritos técnicos de la Fiscalía General, este contrato superó los 4.463 millones de pesos.
En desarrollo de las investigaciones se detectó que «el gobernador Castillo Cisneros firmó un decreto, el viernes 3 de abril de 2020, en el que habilitó el fin de semana inmediato para realizar el proceso de contratación. En ese sentido, el sábado 4 de abril se abrió invitación pública y el domingo 5 abril, a las 5 p.m., se cerró el plazo para recibir propuestas».
Los fiscales señalaron que durante los dos días se presentó un sólo oferente, a quien el lunes 6 de abril, en una rápida valoración, le fue asignado el contrato de los paquetes humanitarios.
«El representante de la empresa seleccionada sería una persona cercana al mandatario departamental. Al parecer, todos los actos previos en los que intervino directamente el Gobernador estuvieron dispuestos para favorecer al único proponente y limitar la participación de otros interesados», manifestó la Fiscalía.
Los agentes de Policía Judicial del CTI detectaron un sobrecosto que ascendió a los 233 millones de pesos, representado en los valores de algunos productos alimenticios que conforman los kits de suministro, los cuales estaban por encima de los precios del mercado.
Las investigaciones señalaron que ante las alertas de los organismos de control los costos fueron ajustados y se evitó un detrimento patrimonial.
Al ser interrogado por el Tribunal Superior de Bogotá, Castillo Cisneros no aceptó los cargos que le formuló una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Según la Fiscalía esta es la cuarta imputación en contra del Gobernador de Arauca, detenido en la cárcel la Picota de Bogotá, por presuntos actos de corrupción.
