Tereza Sánchez, mamá de Javier Tarazona, pidió la liberación de su hijo, tras permanecer más de 170 días detenido en las celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
El defensor de derechos humanos espera por un juicio desde El Helicoide en Caracas donde se encuentra recluido , tras ser acusado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de «terrorismo, incitación al odio y traición a la patria», mientras padece un delicado estado de salud, el cual a sido denunciado por sus familiares, activistas y organizaciones civiles.
Es por ello que este jueves 23 de diciembre los familiares se concentraron para elevar un papagayo con el escrito «madre de Javier Tarazona quiere a su hijo«.
Este miércoles su hermano Rafael Tarazona (también acusado de los mismos delitos, pero en libertad bajo esquema de presentación) compartió un video en su cuenta de Twitter pidiendo al presidente Nicolás Maduro apruebe su libertad en vísperas de navidad.
«Vengo a pedirle por la liberación de Javier Tarazona, defensor de los derechos humanos, padre, hijo. Nosotros, su familia, pedimos por su libertad y usted tiene el poder, tiene las herramientas para dársela», dijo Rafael Tarazona en el video dirigido a Maduro.
«Preso de conciencia«
La organización Amnistía Internacional pidió que el activista de derechos humanos Javier Tarazona sea liberado «inmediata e incondicionalmente» porque es un «preso de conciencia» que fue detenido arbitrariamente por su defensa de los derechos humanos.
«Su salud se ha deteriorado gravemente por falta de tratamiento médico. Instamos a las autoridades a ponerle en libertad inmediata e incondicionalmente», indicó la organización en un comunicado este lunes.
Desde Amnistía Internacional califican la detención como un acto de represión por «intentar denunciar acoso por agentes de las fuerzas de seguridad ante la Fiscalía General en la ciudad de Coro (estado Falcón, oeste)».
Además, cuestionan que luego de cinco meses de demora y de 13 diferimientos se realizó la audiencia preliminar el pasado 9 de diciembre a los 4 integrantes de la ONG Fundaredes.
CIDH también alerta sobre el grave estado de salud de Tarazona
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió un pronunciamiento este jueves 23 de diciembre en el cual exhorta, de manera urgente, al Estado venezolano a garantizar la vida e integridad de las personas presas políticas.
En lo particular alerta que ha recibido información «sobre el grave estado de salud de José Javier Tarazona Sánchez, director y presidente de la organización Fundaredes y beneficiario de medidas cautelares desde el 18 de junio de 2020.
Tarazona se encuentra privado de libertad desde el 1 de julio de 2021 en (El) Helicoide, instalación del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Según la información disponible, Tarazona requiere atención médica urgente».
En esta línea expuso su alta preocupación porque «otras personas presas políticas han muerto en las instalaciones de Helicoide, sin que se haya producido un verdadero esclarecimiento de las circunstancias de su fallecimiento, como el reciente caso del militar Raúl Baduel, quien falleció el 12 de octubre de 2021″.
El organismo también demanda de las autoridades venezolanas «investigar y sancionar las muertes de personas que estaban en custodia del Estado, con la debida diligencia».
En el comunicado «la CIDH viene denunciando que en Venezuela existe un contexto de persecución sistemática y criminalización a las personas que son percibidas como opositoras al gobierno.
Según datos de la organización Foro Penal, actualmente hay 244 personas presas políticas en el país -230 hombres y 14 mujeres- quienes habrían sido imputadas por delitos de terrorismo, instigación al odio, asociación para delinquir, traición a la patria o rebelión, entre otros».
Dicha situación se hace más crítica, según la Comisión, porque estas personas «se enfrentan constantemente a la falta de las garantías judiciales y a la violación de sus derechos en el contexto de privación de la libertad.
Al respecto, se recibió información sobre muertes de personas privadas de libertad por motivos políticos, en custodia del Estado, así como denuncias por falta de atención médica oportuna, adecuada y especializada que las expone a graves situaciones de vulnerabilidad.
