Este 25 de mayo se cumplieron 2 meses de la llamada masacre de El Ripial. Un hecho en donde fueron ejecutados extrajudicialmente 5 personas presumiblemente por efectivos de las FAES que inexplicablemente participaban del conflicto armado entre fuerzas militares venezolanas e irregulares suscitado desde el 21 de marzo en la parroquia Rafael Urdaneta, municipio Páez, Apure.
A Luz Dey Remolina; Emilio Ramírez; Ehiner Yafran Anzola Villamizar; Jeferson Uriel Ramírez y Julio Cesar Jiménez, los 4 primeros miembros de una misma familia, se les tildó de guerrilleros en el parte oficial de ese día.
Testigos y conocidos aseguran que las 5 personas fueron sacadas de sus casas con vida del barrio 5 de julio, en La Victoria, y luego y aparecieron muertas en El Ripial, a unos 25 kilómetros.
Emir Ramírez Remolina, hijo de Luz Dey y Emilio, y quienes le conocían, afirman que se trató de un falso positivo. Atestiguan que estas personas eran campesinos de la zona y que no eran guerrilleros. Sus cuerpos aparecieron tirados en una finca con algunas vestimentas camufladas y con signos visibles de tortura en sus manos y muñecas.
La madre de Julio César Jiménez, quien vive en el estado Zulia, aún no ha podido recibir el acta de defunción de su hijo, quien trabajaba en una panadería en La Victoria.
Al día siguiente del condenable hecho en El Ripial, el viernes 26 de marzo, el Fiscal General de la República, impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tareck William Saab, anunció el envío de una Comisión del Ministerio Público para investigar esta masacre, luego de la denuncia realizada por familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos como FundaRedes, Fundación El Amparo y PROVEA.
En ese momento el Fiscal indicó a través de su cuenta de Twitter que “En aras de esclarecer los hechos ocurridos en El Ripial (Apure) hemos enviado este #26Mar una comisión conjunta de la Dir. Gral. de Protección de DDHH y la Unidad Criminalística del @MinpublicoVE a practicar las diligencias y experticias de investigación pertinentes. Los 12 expertos @MinpublicoVE enviados realizarán inspecciones técnicas en los sitios del suceso, experticias planimétricas, experticias de trayectoria balística, protocolos de autopsia, entre otras necesarias para establecer posibles acciones violatorias a los DDHH” .
Luego, dos semanas después, específicamente el 6 de abril, el Defensor del Pueblo Alfredo Ruiz anunciaba que se mantenía una comisión especial de su despacho en la parroquia Rafael Urdaneta del municipio Páez en el Alto Apure con el fin de realizar investigaciones sobre lo sucedido.
Ruiz indicaba que el trabajo de la Defensoría en el sitio se ejecutaba en coordinación con los fiscales especiales del Ministerio Público, asignados para el caso, y autoridades militares de la zona y que en el caso de las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales manifestó que las mismas estaban siendo investigadas.
Pero a dos meses del suceso ninguno de los dos representantes de estos organismos de investigación han presentado un informe al respecto para dar cuenta el curso de sus investigaciones y determinación de responsabilidades.
Instancias internacionales como el Alto Comisionado para los Derechos de la ONU y Human Rigth Watch manifestaron en su momento su alta preocupación sobre estas ejecuciones extrajudiciales en el marco de este conflicto armado en la frontera de Apure.
