Un día antes de que se lleve a cabo el paro nacional, que se sumará a la minga indígena que llegó el fin de semana pasado a Bogotá, el gobierno nacional expidió el protocolo para el manejo de marchas, cumpliendo un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se lo ordenó.
La disposición no define específicamente qué tipo de armas pueden usar los miembros de la Fuerza Pública que acompañen las marchas y protestas, pero sí señala que solo podrán intervenir cuando se presenten hechos violentos que puedan alterar el orden público y la convivencia y pongan en riesgo la vida e integridad de las personas, así como la propiedad privada y la libertad económica.
Agrega el protocolo que la intervención de la policía debe ser proporcionalidad en el uso de la fuerza.
“La Policía Nacional intervendrá en los términos del respectivo protocolo guardando la proporcionalidad del uso de la fuerza y ante la absoluta necesidad por la gravedad de la situación como por la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del individuo, las condiciones del entorno, y los medios de los que dispone para abordar la situación específica”.
El protocolo insiste, eso sí, en la necesidad de que la Policía adelante acciones de inteligencia previas para recolectar información orientada a identificar amenazas, infiltraciones y riesgos que puedan llevar a alteraciones del orden público.
También se destaca la responsabilidad de los alcaldes, que deben coordinar con los líderes de la manifestación las rutas por las que se llevará a cabo la movilización y en qué condiciones.
Frente a los participantes en la manifestación, el protocolo no prohíbe el uso de capuchas, pero sí los conmina a velar porque la protesta se lleve a cabo de manera pacífica y se respeten los derechos y los bienes de los terceros ajenos a la protesta.
