Por iniciativa del diputado Pablo Rojas, una delegación de proveedores del municipio de Cravo Norte llegó este miércoles 4 de noviembre a la plenaria de la Asamblea Departamental de Arauca para exponer una serie de denuncias por presuntos incumplimientos en los pagos derivados de la ejecución del contrato de mejoramiento vial Cravo Norte–Caño Agua Linda.
Durante la sesión, los afectados, encabezados por Aracely Sánchez, dieron a conocer que cerca de 20 proveedores locales reclaman aproximadamente $2.000 millones por servicios prestados en el desarrollo de la obra, entre ellos alquiler y operación de maquinaria amarilla, volquetas, carrotanques y personal operativo.
La controversia involucra al Consorcio Agua Linda 2022, responsable de ejecutar el proyecto, cuya inversión supera los $47.700 millones.
Uno de los principales señalamientos expuestos ante la corporación apunta a que el contratista, argumentando dificultades financieras, habría propuesto reconocer las obligaciones pendientes con una reducción del 20% sobre los valores inicialmente pactados. La propuesta fue rechazada por los proveedores, quienes exigen el pago integral de sus acreencias.
Ante esta situación, los afectados solicitaron la intervención de las entidades competentes y plantearon revisar la posibilidad de condicionar el desembolso correspondiente a la quinta acta parcial del contrato hasta que se aclare la situación y se establezcan garantías para el cumplimiento de las obligaciones pendientes.
La jornada estuvo marcada por la ausencia de representantes del Instituto Nacional de Vías (Invías) y del Comité de Moralización, pese a que habían sido citados para conocer la problemática y escuchar los reclamos de los proveedores.
No obstante, durante el desarrollo de la plenaria, Invías manifestó su disposición para reprogramar la citación y revisar las denuncias presentadas.
Por su parte, el diputado Pablo Rojas promovió este espacio de participación para que los proveedores pudieran exponer directamente sus reclamaciones ante la corporación departamental y solicitar acompañamiento institucional.
Los afectados esperan que las entidades competentes verifiquen las obligaciones económicas del contrato, esclarezcan las circunstancias de los pagos pendientes y adopten las medidas correspondientes para garantizar el reconocimiento de los recursos reclamados.
