miércoles, agosto 26, 2026
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“La plata de la cultura no está llegando”: veeduría pone bajo la lupa millonarios recursos en Arauca

Pedro Parales, vocero de una veeduría ciudadana conformada por cultores, pidió mayor transparencia en la ejecución de los recursos de la estampilla cultural y reclamó una mayor participación del sector en la planeación y contratación de proyectos.

El manejo de los recursos destinados a la cultura en el departamento de Arauca quedó en el centro del debate tras una sesión de la Asamblea Departamental en la que se analizaron las necesidades y retos del sector.

Pedro Parales, vocero de una veeduría ciudadana recientemente constituida por cultores, consideró que el debate permitió recoger importantes insumos, pero advirtió que ahora se requiere construir una hoja de ruta de largo plazo que permita definir hacia dónde debe avanzar la cultura araucana.

Según Parales, el documento discutido en la Asamblea debe convertirse en una herramienta que establezca metas concretas para los próximos diez años y permita evaluar si las inversiones públicas están generando un verdadero fortalecimiento del sector.

Uno de los principales cuestionamientos de la veeduría está relacionado con la forma en que se estructuran y ejecutan los proyectos culturales. Parales aclaró que sus críticas no están dirigidas exclusivamente contra la Secretaría de Cultura, sino contra el modelo de formulación y contratación.

El vocero aseguró que, de acuerdo con ejercicios realizados por la veeduría, en algunos proyectos una parte considerable de los recursos no terminaría directamente en las actividades culturales.

“De un proyecto de cultura de 100 millones de pesos, para la actividad real solo sale el 20 % o el 25 %, cuando es generoso el contratista”, afirmó Parales, quien pidió establecer qué ocurre con los recursos restantes.

Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos del vocero y deberán ser contrastadas con los contratos, informes de ejecución y soportes financieros de los proyectos mencionados.

Entre los casos citados por Parales se encuentra el Día del Llanero, evento que, según explicó, es esperado por numerosos artistas y cultores de la región.

El vocero cuestionó la distribución de los recursos destinados a esta celebración y señaló que una parte importante estaría concentrada en contratación de artistas, tarima, sonido, iluminación y logística, mientras que los cultores locales tendrían una participación que, a su juicio, no corresponde con el presupuesto destinado al evento.

Parales mencionó un contrato cercano a los 1.550 millones de pesos, cifra que deberá ser verificada en los documentos oficiales de contratación.

La veeduría pidió que exista un mayor seguimiento a la ejecución de este tipo de contratos y que los cultores puedan conocer de manera detallada cómo se distribuyen los recursos públicos.

Otro de los cuestionamientos está relacionado con los recursos destinados a la divulgación de las actividades culturales.

Parales aseguró que para este año se habrían destinado cerca de 19 millones de pesos para medios de comunicación, una cifra que considera insuficiente para promocionar eventos como el Día del Llanero a nivel regional, nacional e internacional.

También reclamó una mayor participación de las emisoras y programas especializados en música llanera, al considerar que estos espacios cumplen un papel fundamental en la promoción de los artistas y en la preservación de la identidad cultural del departamento.

“Son los paraguas que mantienen viva la identidad, forman al pueblo y promueven a los artistas de la región”, sostuvo.

La veeduría plantea que los cultores tengan una participación más activa en la construcción de los proyectos y que se fortalezcan los mecanismos de vigilancia sobre los recursos de la estampilla cultural.

El debate deja abierta una discusión de fondo en Arauca: cómo garantizar que los recursos públicos destinados a la cultura lleguen efectivamente a los artistas, cultores y procesos culturales del departamento.

Desde la veeduría consideran que la respuesta debe estar en una política cultural de largo plazo, con mayor transparencia en la contratación, participación del sector y seguimiento detallado a la ejecución de los recursos públicos.

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