Arroceros de seis regiones del país solicitaron al Ministerio de Agricultura convocar al Consejo Nacional del Arroz para discutir el bajo precio de las cosechas, el endeudamiento, la reactivación del incentivo al almacenamiento y las pérdidas asociadas a las inundaciones. Según los productores, llevan tres comunicaciones enviadas sin recibir una fecha para la reunión.
La crisis económica que enfrenta el sector arrocero colombiano llevó a productores de Meta, Casanare, Tolima, Arauca, Norte de Santander y la Costa a exigir una reunión con el Ministerio de Agricultura para buscar soluciones a las dificultades que afectan la rentabilidad de los cultivos y la capacidad de pago de los agricultores.
Los representantes del sector aseguran que han enviado tres comunicaciones a la cartera de Agricultura para solicitar la convocatoria del Consejo Nacional del Arroz, sin que hasta el momento se les haya confirmado una fecha. Según explicaron, estas reuniones se realizaban cada dos meses y consideran urgente retomarlas ante el panorama financiero que afrontan los productores.
Uno de los principales puntos que buscan discutir es la reactivación del incentivo al almacenamiento de arroz, mecanismo que, según el gremio, funcionó durante cerca de tres décadas y dejó de aplicarse hace aproximadamente dos años. Los productores consideran necesario evaluar alternativas que contribuyan a enfrentar las dificultades comerciales del sector.
A esta petición se suma la necesidad de establecer mecanismos de refinanciación de las obligaciones financieras. De acuerdo con los planteamientos de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), los precios de las cosechas de 2025 y 2026 no han permitido recuperar adecuadamente los costos de producción, lo que ha incrementado la presión económica sobre los agricultores.
Uno de los escenarios más complejos se presenta en Casanare, considerado el principal departamento productor de arroz de Colombia. Allí, además de las dificultades relacionadas con los precios y los costos de producción, los agricultores enfrentan afectaciones por las inundaciones, que han comprometido sus actividades y aumentado la necesidad de apoyo financiero.
Según las cifras reportadas por el sector, los productores de ese departamento acumulan obligaciones cercanas a los $471.000 millones, distribuidas entre entidades financieras, molinos y proveedores de insumos agrícolas.
La distribución de las deudas reportadas es la siguiente:
$250.000 millones: obligaciones con bancos y entidades del sistema financiero.
$150.000 millones: deudas con molinos.
$71.000 millones: compromisos con almacenes de agroinsumos.
Estas obligaciones reflejan la presión que enfrentan los agricultores para mantener sus operaciones, cubrir los costos de las cosechas y responder por los compromisos adquiridos para desarrollar sus cultivos.
La convocatoria del Consejo Nacional del Arroz busca abrir un espacio de concertación para abordar los principales problemas que afectan la actividad arrocera. Entre las prioridades señaladas por los productores están la revisión de las condiciones de comercialización, la reactivación del incentivo al almacenamiento, la refinanciación de las deudas y la atención a las pérdidas ocasionadas por las condiciones climáticas.
Los arroceros esperan que el Ministerio de Agricultura defina una fecha para el encuentro y que de allí surjan medidas concretas para aliviar la situación financiera de los productores y garantizar la continuidad de una actividad fundamental para el abastecimiento alimentario y la economía rural del país.
Por ahora, los representantes del sector mantienen su llamado a las autoridades nacionales para que la crisis sea abordada en una mesa de diálogo con participación de los actores de la cadena arrocera.
