La investigación disciplinaria busca esclarecer posibles fallas en la supervisión contractual, inconsistencias en los registros de vuelo y presuntas deficiencias en el control de los recursos públicos destinados a la operación de la aeronave medicalizada del departamento.
La operación de la ambulancia aérea de Arauca quedó en el centro de una investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, que busca establecer si se presentaron presuntas irregularidades en la administración, supervisión y control de este servicio esencial para el traslado de pacientes que requieren atención médica especializada.
El organismo de control abrió una investigación contra Carlos Alberto Sánchez Arango, exdirector del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., y Claudia Genara Pérez Orjuela y Sara Liliana Anzola Rodríguez, quienes se desempeñaron como subdirectoras administrativas y supervisoras del Convenio de Cooperación 07-079 de 2021.
La actuación busca determinar si durante las vigencias 2024 y 2025 se presentaron omisiones en las obligaciones de supervisión contractual, diferencias entre los registros de operación de la aeronave y los documentos del convenio, o fallas en la protección de los recursos públicos comprometidos.
Uno de los puntos centrales de la investigación es el funcionamiento de la aeronave medicalizada de matrícula HK-5118, destinada al transporte aéreo de pacientes desde el Hospital San Vicente de Arauca hacia instituciones de mediana y alta complejidad en diferentes regiones del país.
Para esclarecer los hechos, la Procuraduría ordenó recopilar y examinar documentos relacionados con la ejecución del convenio, entre ellos informes de supervisión, facturación, registros de vuelo, pagos, pólizas, garantías y modificaciones contractuales.
La revisión busca establecer si los procedimientos de control y seguimiento se cumplieron conforme a las obligaciones pactadas y si existen elementos que permitan determinar eventuales responsabilidades disciplinarias.
La ambulancia aérea representa un recurso estratégico para el departamento, especialmente cuando los pacientes necesitan ser trasladados de urgencia a centros hospitalarios de mayor complejidad fuera del territorio araucano.
Por eso, el esclarecimiento de las presuntas irregularidades cobra relevancia para la vigilancia de los recursos públicos y las garantías de operación de un servicio del que pueden depender traslados médicos especializados.
La Procuraduría deberá establecer si hubo incumplimientos de los deberes funcionales y quiénes podrían tener responsabilidad en los hechos investigados.
Por ahora, la apertura de la investigación no constituye una declaración de culpabilidad contra los tres involucrados. La responsabilidad disciplinaria deberá establecerse a partir de las pruebas y con respeto al debido proceso.
