Alexander Enrique Granko Arteaga, oficial vinculado a la contrainteligencia militar venezolana, sería el funcionario identificado como ‘CC-2’ en una acusación de la justicia estadounidense, según información de inteligencia citada por EL TIEMPO. Reportes indican que estaría alternando su presencia entre Venezuela y Arauca, donde presuntamente contaría con protección del ELN.
Una grave alerta de seguridad sacude la frontera colombo-venezolana. Alexander Enrique Granko Arteaga, coronel venezolano señalado de participar en presuntos actos de tortura contra militares y opositores al gobierno de Nicolás Maduro, estaría ocultándose en el departamento de Arauca y contaría con la presunta protección de integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según información de inteligencia conocida por EL TIEMPO.
El señalamiento adquiere especial relevancia por su posible relación con una acusación presentada el 8 de octubre de 2026 ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. En el expediente, la Fiscalía estadounidense describe a un funcionario identificado con el código ‘CC-2’, a quien atribuye participación en secuestros de militares, detenciones ilegales y procedimientos de tortura ejecutados durante el gobierno venezolano.
Aunque el documento judicial no revela públicamente el nombre de ese funcionario, fuentes de inteligencia citadas por EL TIEMPO apuntan a Granko Arteaga como el presunto responsable detrás de esa identificación. Se trata de un señalamiento cuya correspondencia debe verificarse con el expediente original y que no equivale, por sí sola, a una identificación judicial definitiva.
Granko Arteaga es un coronel venezolano vinculado a las estructuras de contrainteligencia militar del régimen de Maduro. Su nombre ha sido relacionado con señalamientos de tortura, detenciones arbitrarias y abusos contra integrantes de las Fuerzas Armadas y opositores políticos.
Según la información publicada por EL TIEMPO, los reportes de inteligencia sostienen que el oficial habría desarrollado funciones dentro del aparato de seguridad del gobierno venezolano y que presuntamente estaría utilizando una fachada de comerciante para ocultarse en territorio colombiano.
Las mismas fuentes indican que no permanecería de manera continua en Colombia, sino que alternaría su presencia entre Venezuela y Arauca. Hasta ahora, la información divulgada no precisa el municipio donde supuestamente estaría escondido ni identifica a las personas que presuntamente le brindarían protección.
El expediente estadounidense contiene señalamientos graves sobre la relación entre Maduro y funcionarios de inteligencia encargados de interrogar a militares considerados desleales y a dirigentes opositores.
Según la Fiscalía, a comienzos de 2014 se habría discutido un plan para secuestrar entre cinco y siete oficiales militares con el propósito de obtener información mediante torturas. Posteriormente, los detenidos serían liberados y el episodio se presentaría como una supuesta operación de infiltración clandestina.
El funcionario identificado como ‘CC-2’ habría participado en la ejecución de esas operaciones y asistido a reuniones con Maduro para informar sobre el estado de los interrogatorios.
Uno de los pasajes más delicados de la acusación describe una reunión en la que el mandatario habría preguntado si los militares detenidos continuaban resistiéndose a las presiones. Cuando recibió información de que uno de ellos no había cedido, presuntamente ordenó intensificar los abusos con la expresión: “Squeeze them harder”, traducida como “Apriétenlos más”.
Para los fiscales estadounidenses, esa instrucción habría evidenciado la intervención directa de altos funcionarios del gobierno en los procedimientos denunciados.
La acusación relaciona además a ‘CC-2’ con la detención de un dirigente opositor identificado en el expediente como ‘Víctima 3’, en el contexto de las protestas de febrero de 2014.
De acuerdo con el documento, el dirigente se entregó a las autoridades el 18 de febrero de ese año y posteriormente fue trasladado a una prisión bajo la responsabilidad del funcionario señalado.
Durante su reclusión, habría sufrido golpes, amenazas de muerte, aislamiento, privación del sueño y exposición prolongada a luces y sonidos. La Fiscalía sostiene que algunos de esos procedimientos se habrían ejecutado siguiendo instrucciones específicas de Maduro.
El expediente también atribuye a funcionarios de alto nivel la transmisión de órdenes a sus subordinados y la definición de métodos de interrogatorio contra personas consideradas adversarias del gobierno venezolano.
La posible presencia de Granko Arteaga en Arauca plantea interrogantes sobre la seguridad en una frontera marcada por la movilidad entre ambos países y la presencia de organizaciones armadas ilegales.
La hipótesis de que un oficial venezolano señalado de participar en graves abusos contra militares y opositores se encuentre en territorio colombiano, presuntamente protegido por integrantes del ELN, convierte el caso en un asunto de interés para las autoridades de seguridad e inteligencia de Colombia.
No obstante, hasta que existan confirmaciones oficiales o pruebas adicionales, su supuesta presencia en Arauca y los presuntos vínculos de protección deben entenderse como información atribuida a fuentes de inteligencia, no como hechos judicialmente establecidos.
La pregunta que queda abierta es si las autoridades colombianas han verificado estos reportes y si existe alguna actuación en curso para establecer la ubicación del coronel y esclarecer los señalamientos en su contra.
