La atención a víctimas de violencia sexual debe ser urgente y prioritaria

“El 80 por ciento de las víctimas de delitos sexuales en Colombia son menores de edad, tenemos un gran reto y procesos por corregir”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Ante las reiteradas denuncias por abuso sexual presentadas en los últimos días en el país en contra de niños, niñas y adolescentes, especialmente el caso presentado el pasado 31 de octubre en el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá, Transmilenio, en el cual una adolescente de 17 años de edad fue víctima de abuso sexual dejando en evidencia el desconocimiento de las rutas de atención a víctimas de violencia sexual por parte de los funcionarios y funcionarias de las autoridades competentes, estas situaciones requieren atención de manera urgente y prioritaria.

Es importante que todas las autoridades que hacen parte de la ruta de atención integral de  violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes actúen de manera oportuna y eficiente en su activación.

La violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes constituye la forma más grave de maltrato y repercute en la vida y el desarrollo de la niñez y la adolescencia, se trata de un problema social multicausal que vulnera de manera inmediata todos sus derechos.

Este tipo de violencia afecta el bienestar físico, social, emocional y psicológico, así como el desarrollo integral y el proyecto de vida, por lo tanto, es necesario garantizarle a las víctimas la atención médica y psicológica especializada, el acceso pronto a la justicia, la reparación y que además sean atendidas basadas en criterios de género, enfoque étnico y diferencial, para garantizar la no revictimización.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a septiembre de 2022, tiene un registro de 19.116 lesiones por presunto delito sexual, de los cuales, el 80% corresponde a niños, niñas y adolescentes, es decir, 15.823 víctimas de delitos sexuales han sido menores de 18 años. Esta cifra significa un 23% más, con respecto al mismo periodo del año anterior.

De otro lado, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y para el mismo mes, 24.683 niños, niñas y adolescentes han ingresado a procesos administrativos de restablecimiento de derechos por violencias.

Así, se evidencia que en nueve meses del año 2022 se ha reportado el 65,7% del total de casos registrados en el 2021. El 52% de los ingresos registrados corresponde a actos de abuso, acoso y acceso sexual.

“Rechazamos este hecho doloroso ocurrido en Bogotá y nos solidarizamos con la adolescente y su familia.

Hemos puesto a disposición un equipo técnico y humano de la Entidad para realizar acompañamiento al proceso judicial que deberá adelantarse y, asimismo, desde la Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez se adelantará seguimiento especial frente a la atención psicosocial que deberá recibir por parte de las entidades competentes y el restablecimiento de sus derechos”, concluyó Carlos Camargo.

Desde la Defensoría del Pueblo seguiremos trabajando para que este tipo de situaciones no ocurran, y que puedan ser detectadas a tiempo en cualquier entorno familiar, escolar o social y evitemos normalizar conductas agresoras o espacios en los cuales se pone en riesgo a la niñez y la adolescencia.

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