En Colombia protestar de forma pacífica, reclamándole al Estado que actúe es permitido a propósito de las vías de hecho que han adoptado los dueños de vehículos de tracción animal.
Pero con el paso de los días y el cumplimiento de la ley 2138 de 2021 por parte de la Alcaldía, comienza a dejar en evidencia que hay intereses políticos, que buscan confundir a las familias humildes.
La Alcaldía primero adoptó la ley mediante decreto, segundo creó el Comité donde hay varias instituciones y tercero elaboró el censo que está en revisión del DANE.
Los gobiernos anteriores en efecto los engañaron, porque hablaron de recursos que nunca existieron y así pasaron varias Administraciones, que literalmente les ‘mamaron gallo’.
A diferencia de lo ocurrido el actual gobierno tiene la ley y un decreto. Está cumpliendo con los tiempos y dejará disponibles 250 millones de pesos para sacar adelante las ideas de negocio.
El dinero tendrá que ser aprobado por el Concejo, mediante un superávit que enviará la próxima semana la Alcaldía y una vez surta los trámites se firmará un convenio con la Cámara de Comercio.
Esa entidad pondrá profesionales para que los ayuden a concretar la idea de negocio y hacerla rentable para que sirva de sustento, pues se estima que cada beneficiario reciba alrededor de 13 millones de pesos.
El dinero dispuesto en la primera fase alcanzará para unas 17 personas y las que falten se dejará una partida para el próximo año, completando la totalidad de la sustitución.
De continuar con la protesta los dueños de vehículos de tracción animal se exponen a la incautación de los animales y a un comparendo por convivencia que los afectará para obtener la ayuda del Estado.
Lo otro claro que es existe una profunda división entre los integrantes de ASOTA, (Asociación que los agrupa), donde algunos entienden el proceso, otros no y otros quieren pescar en río revuelto.
