La Procuraduría General de la Nación convocó a la Agencia Nacional de Tierras a una mesa interinstitucional de diálogo para avanzar en la búsqueda de acciones concretas que pongan fin a la difícil situación de 150 familias que fueron desalojadas hace más de 25 años de las zonas de Reinera y Río Lipa (Arauca), con ocasión del proceso de extracción de hidrocarburos en el sector que ellos habitaban.
A la reunión, que se llevará a cabo el próximo 10 de febrero, también han sido convocados los Ministerios de Agricultura, Interior y Vivienda, el gobernador de Arauca, los alcaldes de Arauca y Arauquita, el personero de municipio y los representantes de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria de las Agencias de Desarrollo Rural y de Renovación del Territorio, Sierra Col Energy y la Asociación Nacional Campesina.
Las familias fueron desalojadas de sus tierras, con la promesa de ser reubicadas, luego de que el Incora, hoy ANT (Agencia Nacional de Tierras), entregara en el año 1993 a Ecopetrol dos zonas de más de 8 mil hectáreas en los municipios de Arauca y Arauquita, con el fin de proporcionar una seguridad adecuada al complejo petrolero de Caño Limón y promover el uso adecuado de los suelos, el agua y la protección de los ecosistemas de los esteros y sabanas de esa área.
Frente a esta situación, la Procuraduría, como garante de los derechos de esta población vulnerable, ha adelantado acciones de acompañamiento para garantizar el cumplimiento del plan de reubicación de la totalidad de estas familias ordenado por el Consejo de Estado.
