Pasadas las 10 de la mañana de este viernes se adjudicó el contrato por 20.423 millones de pesos para operar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 63 instituciones educativas de Cúcuta.
El único oferente de este proceso de selección fue requerido por la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación a dar un mensaje aclaratorio sobre una sanción económica de $5’000.000, que le fue impuesta a la empresa Catering Consultorias y Suministros SAS por parte de la Gobernación de Santander al no cumplir con la distribución de estos componentes nutricionales en una sede escolar de la región vecina.
Esta compañía, que se encuentra inscrita desde 2018 en la Cámara de Comercio de Arauca, hace parte de la Unión Temporal Alimentar Cúcuta 2020, el único candidato con los requisitos legales para aspirar en esta licitación pública.
“El comité jurídico solicita a la empresa aclarar y justificar con soportes correspondientes, que deberán allegarse dentro de los términos del cronograma de contratación”, indicó la entidad.
Frente a esta petición, el representante legal de la firma, Anyelo Jair Becerra Toca, salió en defensa de la idoneidad del consorcio para ganar el contrato y entregó explicaciones sobre esta penalidad, que fue emanada por la Secretaría de Educación de Santander a principios de este mes.
“No existe inhabilidad alguna que impida a la empresa que represento, a la suscripción del contrato que pueda llegar a celebrarse. De igual forma, dicha situación no vicia o afecta de alguna manera la capacidad jurídica así como tampoco se enmarca en causal de rechazo alguna contemplada en el pliego de condiciones”, indicó el vocero.
Añadió que si la decisión es diferente a la de adjudicar el contrato “sería contrario a derecho (sic) a las exigencias y condiciones fijadas por entidad y violentaría todas las garantías de un proceso de selección objetiva, causando un detrimento en los intereses de la firma”.
Otras de las empresas que conforman esta concesión, es la Fundación Presente y Futuro, una sociedad sin ánimo de lucro con cuatro actividades comerciales que van desde la elaboración de comidas hasta la construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
Este no es el único cuestionamiento que se cierne sobre el proceso contractual, que tiene como objetivo seguir beneficiado a 58.021 estudiantes.
Varias organizaciones encargadas en la veeduría ciudadana han remitido oficios a la Alcaldía de Cúcuta para plantear interrogantes, e incluso, exigir la revocatoria de la licitación.
El reclamo más reciente provino de la Intervención de la Veeduría Nacional, que pidió la publicación de la propuesta presentada por el único oferente para evaluar su idoneidad.
Otro de los críticos de esta convocatoria pública es el veedor Rubén Tamayo.
Él remitió un oficio a la administración municipal y a la Procuraduría General de la Nación, reseñando un supuesto entramado de violaciones a los líneamientos, que se enmarcan en la celebración de este acto administrativo.
“El desconocimiento de estos príncipios por parte de la entidad contratante, implica que sus funciones actúen desconociendo los más mínimos procedimientos en materia de contratación”, señaló Tamayo. El ciudadano aprovechó para manifestar su preocupación por la presentación de un único oferente en la licitación, que se contrasta con procesos de 2017 y 2018, vigencias que admitieron la oferta económica de dos proponentes.
