Condenan al Estado por bomba en el Alejandría

Luego del atentado contra el Centro Comercial Alejandría que cobró la vida de 13 personas, la madre de Mónica Yajaira Leal Moreno rogaba ante las entidades del Estado para que le colaboraran económicamente con el fin de sacar adelante a su pequeña nieta. Hoy, 15 años después, su petición se cumplió.

“Lo que me den es para ayudar a la niña”, le dijo entonces a los reporteros un día después de estallar la bomba que acabó con buena parte del edificio, situado en pleno corazón de Cúcuta, en un acto terrorista perpetrado por el Eln, en represalia contra el Gobierno Nacional por las fumigaciones con glifosato a los cultivos ilícitos y la incursión paramilitar que se daba en el Catatumbo.

Moreno, de 28 años, trabajaba como cajera en una casa de cambios del primer piso del centro comercial cuando fue sorprendida por el ‘bombazo’ (compuesto por 30 kilos de explosivos), grabado en la historia de los cucuteños el  5 de marzo de 2003.

Aquel día, sobre las 10:00 de la mañana, todo transcurría con normalidad por los recovecos del Alejandría, dedicados a la venta de electrodomésticos, artículos para el hogar, ropa y licores, cuando en cuestión de segundos un golpe en seco acabó abruptamente con la calma.

“Cuerpos por el aire, zumbido en los oídos, sentir como rayos que atraviesan la cabeza y no saber si se está ciego o es que no hay luz. Humo, carreras, sirenas, gritos, órdenes, llantos, caras de angustia de socorristas, policías, bomberos, médicos, enfermeras y familiares desesperados buscando ayuda”, describió uno de los periodistas sobre aquel momento.

Mónica Yajaira fue rescatada aún con vida y llevada a la clínica Santa Ana, con severas quemaduras (de segundo y tercer grados) y diferentes traumas en su cuerpo, que un día después le causaron la muerte.

Para entonces su hermano, un agente de la Policía, dijo a La Opinión que en el momento de la explosión él prestaba servicio en la Catedral San José, muy cerca al lugar de la tragedia y de la Alcaldía de Cúcuta.

“Estaba de servicio cuando escuché el bombazo y los compañeros nos avisaron que había sido en el Alejandría. De inmediato fuimos a verificar qué era (…)”, señaló sobre aquel momento y uno de sus peores días.

Mónica llevaba cuatro años en el empleo y tenía una niña de cuatro años que se quedó esperándola en casa.

La carga, que dejó unas 100 personas heridas, fue ingresada en un vehículo al sótano del centro comercial. Para entonces, Alberto Durán García, alias ‘Tyson’, comandante del frente Carlos Germán Velasco Villamizar del Eln, fue uno de los señalados por estos hechos (condenado a 40 años de cárcel).

(Jesús Emel Vega, Juan Anguita y Mónica Leal, algunas de las víctimas.)

La indemnización

El 10 de septiembre de 2004, la familia de Mónica Yajaira interpuso una demanda contra el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por intermedio de su abogado José Antonio Quintero, por los perjuicios morales y materiales causados a su  hija, padres y hermanos.

Sin embargo, el 14 de abril de 2011, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander se pronunció y exoneró al Estado de dicha demanda  argumentando que antes del atentado se desconocían amenazas y no había solicitudes de protección que pudieran exigir a las autoridades la prevención de acciones terroristas en el centro comercial Alejandría.

“El Estado no responde por actos terroristas de carácter imprevisible y no se le puede imputar falla en el servicio”, subrayó el Tribunal en su decisión.

Segunda instancia

La decisión generó un  recurso de apelación ante el Consejo de Estado donde recientemente la Sección Tercera revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander y en su lugar declaró responsable a la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía por la muerte de Mónica Yajaira.

Según esta decisión, de segunda y última instancia, la Nación deberá reparar los daños causados, en cuanto a las autoridades les correspondía alertar al centro comercial y vigilar las medidas de seguridad que debieron implementar y no asumir una actitud negligente como se demostró.

“Se conocieron informes previos, certificados por el jefe de inteligencia de la Seccional del Norte de Santander, de donde la Sala echó de menos labores de investigación, a efectos de prevenir o contrarrestar la amenaza, En particular, si se considera que el presidente de la República (Álvaro Uribe), el mismo día del atentado, recriminó al Eln la autoría de los hechos y sus móviles, relacionados con las fumigaciones con glifosato en el Catatumbo”, señaló el  Consejo de Estado en un comunicado.

Sumado a ello, se conocieron las infiltraciones de grupos armados en la Policía y la Fiscalía de la región -que también denunció el expresidente- y que produjo una purga institucional.

Así las cosas, el Estado fue condenado a pagar alrededor de 630 millones de pesos por los perjuicios de índole moral y material a los familiares de la víctima, así como a la menor representada por su padre.

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