El Ministerio Público ordenó reforzar los mecanismos de prevención, atención e investigación de casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes en instituciones educativas. Además, advirtió que los funcionarios que incumplan estas obligaciones podrían enfrentar investigaciones y sanciones disciplinarias.
La Procuraduría General de la Nación emitió una nueva directriz dirigida a gobernadores, alcaldes y autoridades educativas de todo el país para exigir el fortalecimiento inmediato de las acciones destinadas a prevenir, atender y sancionar cualquier forma de violencia física, psicológica, mental o sexual contra niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas oficiales y privadas.
A través de un memorando, el organismo de control recordó que las administraciones territoriales tienen la responsabilidad de garantizar entornos escolares seguros y de activar de manera oportuna los mecanismos de protección cuando se conozcan denuncias que involucren a menores de edad.
La instrucción también fue dirigida a los secretarios de Educación y a los jefes de Control Interno Disciplinario de las Entidades Territoriales Certificadas, a quienes les ordenó actualizar los protocolos de actuación, activar sin demora la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y fortalecer las estrategias de prevención, protección e investigación de estos hechos.
La Procuraduría enfatizó que las víctimas, denunciantes y testigos deben contar con garantías para evitar cualquier forma de retaliación, estigmatización o revictimización durante los procesos administrativos y disciplinarios.
Asimismo, requirió a las oficinas de Control Interno Disciplinario adelantar con celeridad las investigaciones por presuntos casos de violencia sexual en establecimientos educativos y remitir oportunamente la información a las autoridades competentes para las actuaciones judiciales correspondientes.
Como parte del seguimiento nacional, el ente de control solicitó a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación entregar, en un plazo de ocho días hábiles, un informe detallado sobre las quejas y denuncias recibidas por hechos de violencia contra estudiantes entre enero de 2025 y el 30 de junio de 2026.
En el memorando, la Procuraduría fue enfática al advertir que el incumplimiento de estas obligaciones podrá derivar en investigaciones y sanciones disciplinarias contra los servidores públicos responsables.
La comunicación fue suscrita por las delegadas para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer; para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública; y por la Delegada Disciplinaria de Instrucción Cuarta para la Vigilancia Administrativa, como parte de las acciones de seguimiento para fortalecer la protección de los derechos de los menores en el sistema educativo colombiano.
