El exsecretario de Gobierno Edgar Guzmán Robre cuestionó al alcalde Miguel Ángel Bastos por su reacción frente a los señalamientos relacionados con una obra en el río Tame. Advirtió que descalificar las denuncias puede limitar el control ciudadano y pidió que las autoridades determinen si existen irregularidades.
La controversia por una obra pública en Tame, Arauca, escaló al terreno político. El exsecretario de Gobierno Edgar Guzmán Robre cuestionó la postura del alcalde Miguel Ángel Bastos frente a las denuncias relacionadas con la ejecución del proyecto y defendió el derecho de la ciudadanía a exigir explicaciones sobre el manejo de los recursos del Estado.
El pronunciamiento pone sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿hasta dónde pueden llegar las advertencias sobre los riesgos que enfrentan los contratistas sin afectar el derecho a denunciar posibles irregularidades en la contratación pública?
Guzmán Robre sostuvo que los contratos financiados con recursos estatales son asuntos de interés colectivo y, por tanto, deben estar sujetos al escrutinio ciudadano y a la vigilancia de los organismos competentes.
“Si no hay nada que esconder, pues que las autoridades investiguen y que determinen si efectivamente existe o no una irregularidad”, afirmó el exfuncionario, al cuestionar que las denuncias puedan presentarse como una amenaza contra quienes ejecutan las obras.
La reacción de Guzmán Robre se produce después de que el alcalde Miguel Ángel Bastos defendiera la actuación de la firma contratista Medina y Madero y expresara preocupación por las consecuencias que podrían generar señalamientos sin verificar, especialmente en el contexto de seguridad que atraviesa Arauca.
El mandatario ha señalado que la obra no ha sido recibida oficialmente por la Alcaldía y que el contrato está pendiente de revisión y ajustes antes de completar los pagos.
Frente a estas posiciones, el exsecretario considera que las preocupaciones sobre la seguridad de los contratistas no deben cerrar la discusión sobre la ejecución del proyecto ni impedir que se solicite una revisión de los procedimientos contractuales.
El debate trasciende el enfrentamiento entre dos posiciones políticas. En el centro están la transparencia en la contratación estatal, el derecho a ejercer control ciudadano y la obligación de proteger la integridad de los contratistas.
Las denuncias, por sí solas, no demuestran que exista una irregularidad. Del mismo modo, las declaraciones de defensa del contrato no reemplazan las verificaciones que puedan realizar las autoridades competentes.
Por eso, el punto decisivo será establecer, con documentos y actuaciones oficiales, cómo avanza el proyecto, cuáles son sus condiciones contractuales y si existen motivos para abrir investigaciones.
Guzmán Robre cerró su cuestionamiento con una frase directa dirigida al mandatario local: “¿Cuál es el miedo?”, insistiendo en que, si existen dudas sobre el manejo de los recursos públicos, deben ser las autoridades las que las esclarezcan.
