Un fusil Galil, una pistola, una granada de mano, munición y prendas de uso privativo de la Fuerza Pública fueron incautados durante un procedimiento policial en el sector de La Y de Betoyes. La Fiscalía imputó cargos a los dos capturados, quienes deberán permanecer en sus domicilios por orden judicial.
Yeison Daniel Leal Vargas y Dania Liseth Guillén Lizarazo fueron judicializados por su presunta responsabilidad en el transporte de armas de fuego, explosivos y elementos de uso privativo de la Fuerza Pública en el municipio de Tame, Arauca.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 22 de octubre en el sector conocido como La Y de Betoyes, donde uniformados de la Policía Nacional requirieron un vehículo en el que se movilizaba la pareja.
Según la información del caso, al advertir la presencia de los policías, los ocupantes habrían intentado cambiar de ruta. No obstante, fueron interceptados en una estación de servicio, donde los uniformados realizaron una inspección al automotor.
Durante el procedimiento, las autoridades encontraron un costal oculto en el baúl que contenía un fusil Galil calibre 5,56 milímetros, una pistola, un proveedor, una granada de mano y siete cartuchos calibre .45.
Asimismo, fueron incautados uniformes y prendas de uso privativo de la Policía Nacional, un chaleco multipropósito, un morral de campaña, una reata, una cantimplora, una silla táctica, una hamaca, un cuchillo y otros elementos de campaña.
Tras las capturas en flagrancia, un fiscal de la Seccional Arauca imputó a los procesados los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, y utilización ilegal de uniformes e insignias.
Aunque la Fiscalía formuló cargos, esta actuación no equivale a una condena ni implica que se haya desvirtuado la presunción de inocencia de los investigados.
Un juez de control de garantías dispuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus respectivos domicilios mientras avanza el proceso penal.
Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias relacionadas con el transporte del material incautado y establecer las eventuales responsabilidades penales de los procesados.
