El pronunciamiento cuestiona las capuchas, los bloqueos y los paros que afectan la movilidad y la actividad económica. El mensaje insiste en que el derecho a la protesta debe ejercerse sin vulnerar los derechos de los demás.
Un nuevo pronunciamiento sobre las movilizaciones sociales puso el foco en los límites de la protesta y sus efectos sobre la ciudadanía. Manuel Pérez rechazó las acciones que califica como vandalismo y cuestionó los bloqueos y paros que, según señaló, afectan el desarrollo de Arauca y del país.
“¡La protesta social se respeta si es pacífica; al vandalismo, todo el peso de la ley!”, expresó Pérez en un mensaje publicado en redes sociales, en el que también manifestó su rechazo al uso de capuchas y a las manifestaciones que interrumpen la movilidad.
En su pronunciamiento, Pérez sostuvo que la defensa de los derechos no puede convertirse en una justificación para afectar a terceros ni para causar daños a bienes públicos o privados.
“Defender derechos no da licencia para vulnerar a los demás”, afirmó, al plantear que las manifestaciones deben desarrollarse sin desconocer los derechos de quienes no participan en ellas.
El mensaje reabre la discusión sobre la convivencia entre el derecho constitucional a la protesta pacífica, la libertad de expresión y la obligación de garantizar la movilidad y la seguridad ciudadana.
La Constitución colombiana reconoce el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Por su parte, las conductas que constituyan delitos o infracciones deben ser evaluadas individualmente por las autoridades, sin que la participación en una movilización implique, por sí sola, responsabilidad penal.
El pronunciamiento de Pérez se suma al debate nacional sobre cómo garantizar el ejercicio de la protesta social y, al mismo tiempo, proteger los derechos de los demás ciudadanos.
