Basada en el análisis que hizo sobre una información emitida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la cual está relacionada con la actualización de la clasificación de los hogares mediante el Registro Social de Hogares (RSH), la Defensoría del Pueblo alerta sobre las posibles vulneraciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos en la nueva categorización del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén).
“La actualización ha implicado que 20,8 millones de personas, el 60% del total del Sisbén, hayan visto su información impactada por la nueva categorización. De especial preocupación es el hecho de que 1,7 millones de favorecidos con los programas de transferencias sean objeto de esta actualización, pues podrían perder su condición de beneficiarios sin que realmente haya cambiado su situación, por lo cual es necesario que la aplicación del mecanismo sea rigurosa, para no afectar a los ciudadanos”, indica el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El proceso de actualización del Sisbén está produciendo una recategorización de los hogares, la cual muestra que 732.740 hogares han salido de la clasificación de pobreza extrema, lo que equivale a una disminución del 17,8%. Además, 446.141 hogares han sido reclasificados desde la pobreza moderada, una variación del 8,8%.
Aunque los cambios podrían interpretarse como una mejora en la condición socioeconómica, la preocupación surge al constatar que 615.526 hogares fueron cambiados a la categoría de vulnerables, lo que supone un aumento del 19,7%. Adicionalmente, se observa un incremento del 4,2% en el grupo de no pobres y no vulnerables, que añade 63.355 hogares a esta clasificación.
“El reajuste en la categorización podría significar que hogares anteriormente considerados como en situación de pobreza, los cuales, por ende, tenían acceso a programas de apoyo y subsidios estatales, ahora pueden estar excluidos de los beneficios, pese a que sus condiciones de vida no hayan experimentado una mejora sustancial que justifique su salida de los programas de asistencia”, señala Camargo Assis.
Si bien la actualización metodológica busca una identificación más precisa de las necesidades de los hogares, aclara el Defensor, “la reubicación de hogares en categorías superiores puede conllevar una exclusión de beneficios esenciales, poniendo en riesgo el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho al mínimo vital”.
Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo
Es imperativo, por tanto, que el Estado colombiano realice la implementación con un tiempo razonable, de manera que se proteja a los hogares de una transición abrupta, que podría despojarlos del acceso a servicios básicos. Es esencial:
• Establecer mecanismos de seguimiento para evaluar el impacto real de la recategorización en las condiciones de vida de los hogares afectados.
• Implementar políticas de transición para asegurar que ningún hogar pierda acceso a los programas sociales de manera repentina, especialmente aquellos que dependen de esos programas para satisfacer sus necesidades básicas.
• Garantizar un sistema de apelación eficiente y accesible para los hogares que han sido reubicados en categorías que no reflejan su realidad socioeconómica, permitiéndoles solicitar una revisión de su clasificación.
• Realizar campañas de información amplia y efectiva para que los hogares conozcan los cambios, las implicaciones de su nueva clasificación y los pasos a seguir en caso de que requieran apoyo o revisión.
El llamado a evaluar los efectos de las actualizaciones
“Instamos al Departamento Nacional de Planeación y a las entidades gubernamentales involucradas a considerar las consecuencias humanas y económicas de las actualizaciones en los sistemas de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales, como también, a actuar con la diligencia debida para mitigar cualquier posible afectación adversa que se pueda generar”, enfatiza Carlos Camargo Assis.
Es tarea de la Defensoría asegurar que los cambios se hagan con justicia y equidad, y que cualquier transición sea suave y considerada, poniendo siempre en primer lugar el bienestar de los hogares colombianos.
“Las medidas adoptadas contra la pobreza y la inequidad deben ser una prioridad constante, por lo que no deben verse comprometidas con cambios que, aunque bien intencionados, tendrían el potencial de excluir indebidamente a los ciudadanos de los apoyos que legítimamente necesitan”, aseguró el Defensor del Pueblo.
