Desde 2012, la Fundación Redes –dedicada a promover la organización y consolidación del tejido social– ha denunciado la violación constante de los derechos humanos hacia la población infantil y adolescente venezolana por parte de grupos guerrilleros colombianos en poblaciones fronterizas de Táchira, Apure y Zulia.
Su director, Javier Tarazona, persiste en las denuncias de estas situaciones, apoyado en la Red de Educadores en Defensa de los Derechos Humanos, pese a que han sido reiteradamente desoídas por los organismos gubernamentales.
—¿En qué consiste la violación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en la frontera que denuncia la Fundación Redes?
—Nosotros evaluamos los acontecimientos en la zona limítrofe de todo el país y hemos evidenciado y hecho público que los grupos irregulares colombianos, específicamente las Farc y el ELN, atentan contra la vida de los niños y jóvenes venezolanos. Históricamente desde su existencia estas organizaciones han tenido intención de incursionar en Venezuela y en los últimos 18 años han encontrado en los gobiernos de Chávez y Maduro el salvoconductos para permear en la frontera, ingresar en nuestro territorio y no solo esconderse de las autoridades colombianas, sino ejercer sus actividades de narcotráfico, secuestro, extorsión, trata de personas y reclutamiento.
—¿De qué manera se da ese reclutamiento?
—Es cada día mucho más agresivo. En el caso de Táchira hemos denunciado el reparto de una revista llamada Antorcha Elena dirigida a niños de preescolar para que ellos coloreen; allí comienza un apalancamiento cognitivo porque los alumnos empiezan desde pequeños a ver al grupo guerrillero como un amigo que los ayuda con los libros, les enseña, y que además tiene fuerza. La guerrilla lleva esa publicación a las escuelas y los docentes están obligados a repartirla entre los alumnos porque si no lo hacen son asesinados. El Estado venezolano es cómplice de esto porque permite que siga ocurriendo pese a las denuncias. Al hacer análisis de contenido de la revista y de los volantes que la guerrilla entrega se evidencia la repetición del discurso que uno ve en VTV, hablan de socialismo, de la toma del poder por las armas, del poder comunal, del poder vecinal, y está presente el mensaje contra la derecha y la llamada oligarquía.
—¿Los guerrilleros llegan a las escuelas tratando de captar a niños y jóvenes?
—Sí, permanentemente. A principios de año denunciamos la entrega de tres mil “Caijtas Felices” por parte de la guerrilla a niños de varios poblados venezolanos en la frontera, tenían regalos, en su mayoría juguetes modernos, con tarjetas que identificaban al grupo guerrillero, que se referían al Frente Guerrero Urbano Nacional y a su comandante en jefe Camilo Torres. Eso termina siendo una carnada para atrapar la atención de los niños, les dan un regalo a pequeños cuyos padres no tienen posibilidad ni siquiera de darles buena comida. Eso genera un sentimiento de agradecimiento e identidad con la guerrilla.
—¿Ese mensaje ha logrado calar en la juventud fronteriza?
—Estas agrupaciones requieren militantes y el poder de captación de estas agrupaciones tiene mucho que ver con la deserción escolar en los municipios fronterizos, que supera 80% en las escuelas. En efecto, niños y jóvenes se han incorporado a esos grupos porque reciben una paga que ni siquiera un profesional de cuarto nivel devenga en Venezuela. Un niño podría llegar a ganar 50.000 pesos diarios, que al cambio actual serían aproximadamente 110.000 bolívares diarios. Evidentemente ellos ven en la guerrilla una manera de tener acceso a los ingresos y bienes que ordinariamente no tienen. Por esta razón las escuelas y liceos de la frontera están prácticamente en una situación de soledad.
—¿Cuál es el mayor riesgo que corre la población infantil y adolescente ante la presencia de estos grupos irregulares?
—Corre peligro su libertad, sus vidas cuando se les secuestra para hacerlos parte de agrupaciones guerrilleras. Tenemos casos puntuales como el de María José Molina, plagiada por las Farc en junio de 2008, inicialmente pidieron dinero por su liberación, pero luego la célula del municipio Fernández Feo (El Piñal, estado Táchira) la asumió como una militante y ahora ella forma parte de una compañía de las Farc en la frontera. Ese es uno de los pocos casos en que la familia sin temor alguno ha denunciado e incluso tiene en su poder fotos de la muchacha vestida con ropa camuflajeada del grupo guerrillero.
—¿Ante qué instancias han denunciado estas situaciones?
—Desde el año 2012 comenzamos la denuncia pública y la documentación que hemos extendido a la Fiscalía General de la República, a la Defensoría del Pueblo, solicitando a esas instancias nacionales e internacionales dos cosas: que frenen la acción de esos grupos irregulares en territorio venezolano, que cada día se hacen más fuerte, pues compran propiedades, ejercen mayor control en las poblaciones rurales y cada vez suman más miembros. También pedimos a Conatel el bloqueo de las emisoras 96,7 FM, 95.5 FM y 90.1 FM, pertenecientes al ELN, que violan el espectro radioeléctrico venezolano en Apure, Táchira y Zulia y transmiten mensajes contrarios a la legislación venezolana y promocionan la defensa del régimen de Nicolás Maduro.
—¿Han obtenido alguna respuesta de los organismos venezolanos?
—Se han iniciado algunos expedientes para cumplir el formalismo administrativo de los procedimientos, pero no ha pasado de una que otra entrevista. Por ello, en 2013 comenzamos a documentar las denuncias para el Estado colombiano a través de consulados colombianos y representantes en la Embajada de Colombia en Caracas, así como a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
—¿Los trámites ante esas instancias internacionales han tenido algún resultado?
—Hasta ahora nada.
—¿A qué atribuye el silencio y la inacción ante estas denuncias tan graves?
—Entendemos que el gobierno colombiano ha estado esperando el avance del acuerdo de paz y que con su firma esos grupos irregulares desaparezcan, esa su posición de prudencia en teoría, pero en el plano real lo que está pasando es que mientras se habla de acuerdo de paz en las altas esferas, las fronteras siguen permeadas, la guerrilla se traslada a Venezuela con sus armas para resguardarse en nuestro territorio y mantener sus grandes empresas de narcotráfico, microtráfico y contrabando. El gobierno venezolano permite de manera cómplice que la guerrilla siga teniendo espacios de penetración libre, constante y permanente porque es un brazo armado aliado. En el caso de la OEA creo que no ha realizado ningún trámite a profundidad quizá creyendo que el acuerdo de paz de Colombia con la guerrilla podría subsane el problema.
—¿Cuál es la situación actual?
—Es visible y permanente la acción de esos grupos irregulares, incluso ante la cara de todos. Ellos han tomado más terreno, ya están en la zona central del estado Táchira, en zonas rurales del municipio san Cristóbal, la capital. La guerrilla está en plena ciudad, extorsiona desde el mototaxista hacia arriba, toda actividad económica está extorsionada por la guerrilla. Lo más reciente es la incursión de la guerrilla en el Plan Zamora II y su participación en el exterminio de opositores al régimen de Nicolás Maduro en las protestas que iniciaron en abril. Eso lo denunciamos hace pocos días ante la Fiscalía General de la República.
—¿Cuáles serán los próximos pasos si las diversas instancias no dan respuestas a estas denuncias?
—Estamos iniciando un proceso de sistematización de las denuncias y la documentación de los testimonios que lleva cada miembro y articulador de la Red de Educadores en Defensa de los Derechos Humanos. Aspiramos en los próximos meses presentar un informe a la comunidad internacional para que el problema sea más visible y no sea visto con indiferencia como ha ocurrido en el ámbito nacional.
—Mientras eso avanza, ¿en qué se enfoca el trabajo de la Fundación Redes en torno a este problema?
—A través de Redes y la Fundación Venezuela Libre de Secuestros damos asistencia a más de 26 familias víctimas de plagios por parte de grupos irregulares colombianos. Hay más de 26 tachirenses en manos de la guerrilla y no hay noticias de ellos. El gobierno venezolano se ha desentendido de esos casos aun cuando sus victimarios han establecido comunicación para negociar la liberación. La Fundación Redes está en permanente contacto con estos familiares, tal es el caso de los parientes de la joven María José Molina, con ellos estamos documentando el histórico desde el momento de su secuestro y la militancia que tiene esta joven en las Farc.
Un defensor amenazado
Javier Tarazona, director de la Fundación Redes, es también presidente del Colegio de Profesores del estado Táchira y activista en defensa de los derechos humanos. En 2014 vivió de cerca el acoso de los grupos irregulares que él denuncia.
