La Unidad Nacional de Protección emitió un comunicado ante la crisis que vive el país con los homicidios constantes de líderes sociales, aceptando no tener la capacidad para ofrecer protección a todos los representantes que han recibido amenazas de una u otra manera durante las últimas semanas.
Así lo indicó Diego Mora, director de la UNP, quien informó sobre la falta de presupuesto en la entidad para lograr una protección integral para cada uno de los líderes y defensores de derechos humanos en las regiones del país.
Afirmó además que la mayoría de estos son pertenecientes a juntas de acción comunal y consejos comunitarios, los cuales, según sus datos, podrían ser entre 500 o 600 mil personas que podrían tener algún tipo de riesgo.
Dicho esto, Mora señaló la imposibilidad de brindarle una protección individual a cada uno de los referidos líderes ubicados en las zonas de mayor riesgo, por lo que se mostró altamente preocupado con los graves peligros que pueden pasar.
En la UNP se tiene registrado sobre seis personas que habían solicitado protección ante las amenazas, de estas, cuatro obtuvieron las medidas solicitadas, pero con dos de ellos ocurrió dilación en la implementación del esquema lo que llevó a que fueran asesinados dos días antes de otorgárseles la seguridad.
Igualmente indicó que en muchas ocasiones el estudio para brindar seguridad no arroja un resultado “100% certero”, lo que se convierte en un problema a la hora de implementar los esquemas.
Otra problemática se presenta al momento en que, tras realizar estudios, consideran que es posible retirarle el esquema a alguna persona que ya no esté bajo riesgo, pero estos en la mayoría de ocasiones interponen acciones de tutela contra la UNP para evitar ser apartados del esquema, lo que genera una demora mayor con los procesos.
Mora manifestó que hasta el año 2012 las asignaciones de seguridad no tenían algún criterio objetivo, pero después se cambió ese tema y ahora existen muchas personas protegidas sin razones de fondo, afirmando que “hoy el 95 o 96% de protegidos de la Unidad han tenido un estudio de riesgo y ha sido evaluado. Hay casos en que la unidad no tiene ni voz ni voto”.
Es así como concluye que no importa si existen asignaciones de seguridad, sino que se necesitan evaluaciones más a fondo, pues son muchas las personas que están necesitando seguridad en estos momentos, por lo que se debe considerar una implementación colectiva de protección. Actualmente se comenzó a gestionar la ruta de protección con el Ministerio de Interior y los municipios pasa buscar una solución más completa a la crisis con los líderes. Fuente consultada: LaFm.
