El representante a la Cámara cuestionó al gobernador Renson Martínez y llamó a los araucanos a denunciar extorsiones, presiones contra propietarios de fincas y posibles irregularidades en la contratación pública. También pidió al Gobierno nacional conocer la situación de seguridad que, según afirmó, enfrenta el departamento.
Mientras el Congreso de la República adelanta el debate del presupuesto, el representante a la Cámara por Arauca, Manuel Alexander Pérez Rueda, lanzó nuevos cuestionamientos sobre la situación de orden público y la contratación estatal en el departamento.
El congresista aseguró que continuará denunciando lo que ocurre en el territorio, pese a no haber acompañado la visita del presidente a la capital araucana. Según manifestó, su propósito es llevar ante el Gobierno nacional las preocupaciones de las comunidades frente a la presencia de grupos armados ilegales y las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
“Nosotros no nos vamos a quedar callados, nosotros no vamos a hacerle apología al terrorismo”, sostuvo Pérez Rueda, al insistir en que el mandatario nacional debe conocer las denuncias que ha venido exponiendo a través de diferentes medios de comunicación.
Uno de los señalamientos más relevantes de su intervención estuvo dirigido al gobernador de Arauca, Renson Martínez. El representante afirmó que se habrían entregado contratos por cerca de $5.000 millones relacionados con Jhonny Alexander Bello Ortega, a quien señaló de presuntos vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Este señalamiento se relaciona con cuestionamientos que ya habían sido objeto de atención una investigación según la cual, durante la administración de Martínez como alcalde de Arauquita, entre diciembre de 2016 y abril de 2018, se adjudicaron cuatro contratos de obra pública a Bello Ortega por un valor total de $4.387 millones. El informe también indicó que el contratista había sido señalado por la Fiscalía de presuntos vínculos con el ELN.
Sin embargo, los $5.000 millones mencionados por Pérez Rueda en su reciente intervención deben contrastarse con los registros oficiales para establecer cuáles contratos comprende la cifra y si corresponden a procesos ya reportados o a otros negocios jurídicos.
Los señalamientos del congresista no constituyen, por sí mismos, una determinación judicial sobre la responsabilidad de los funcionarios o particulares mencionados.
Pérez Rueda también dirigió un mensaje a los habitantes de Arauca para que denuncien las llamadas vacunas, las extorsiones y las presuntas presiones que estarían enfrentando propietarios de fincas en distintas zonas del departamento.
El representante insistió en que el temor a posibles represalias no debe convertirse en una barrera para informar a las autoridades sobre hechos que afecten la seguridad y la tranquilidad de las comunidades.
“Mis queridos amigos, los invito a que no tengamos miedo. Aquí tienen a su representante que no se va a callar lo que a ustedes les toca por temor”, expresó.
Durante su intervención, también cuestionó la asignación de contratos públicos y mencionó denuncias previas del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, relacionadas con presuntas irregularidades en la contratación estatal.
El congresista aseguró que continuará llevando estas denuncias ante el Gobierno nacional y defendiendo la necesidad de que las autoridades conozcan las dificultades que enfrentan los habitantes de Arauca.
Sus declaraciones ponen nuevamente en discusión dos asuntos sensibles para el departamento: la persistencia de las extorsiones y las amenazas atribuidas a estructuras ilegales, y los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos.
El reto, tanto para las autoridades como para los organismos de control, será establecer qué denuncias cuentan con respaldo documental y qué actuaciones corresponden adelantar para esclarecerlas.
