Juan Alfredo Qüenza Ramos pidió al presidente Abelardo De La Espriella esclarecer los señalamientos contra el representante Germán Rozo. Según el mandatario local, funcionarios del ICBF, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Trabajo habrían sido presionados para asistir a reuniones políticas y fotografiar sus votos.
Durante el consejo de seguridad realizado en Arauca, el alcalde Juan Alfredo Qüenza Ramos expuso ante el presidente de la República una serie de denuncias sobre presuntas presiones políticas a funcionarios de entidades nacionales con presencia en el departamento.
En su intervención, mencionó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Trabajo, instituciones en las que, según afirmó, existiría una presunta injerencia política.
Qüenza señaló directamente al representante Germán Rozo, a quien acusó de presuntamente influir sobre funcionarios de estas entidades, presionarlos para asistir a reuniones políticas y exigirles fotografías de sus votos.
Los señalamientos fueron formulados por el alcalde durante el encuentro y, hasta el momento, no se cuenta con información pública que permita corroborarlos ni establecer responsabilidades por las conductas denunciadas.
El mandatario local también insistió en la necesidad de garantizar elecciones libres y transparentes en Arauca, sin presiones que puedan afectar la autonomía de los servidores públicos o el ejercicio del derecho al voto.
“Nosotros tenemos que garantizar las elecciones”, manifestó Qüenza, al referirse a las preocupaciones que planteó ante el jefe de Estado, en presencia del gobernador Renson Martínez.
Asimismo, cuestionó los ataques contra contradictores políticos a través de las redes sociales y pidió que los asuntos expuestos durante el consejo de seguridad sean conocidos por la opinión pública.
Las denuncias dejan planteados interrogantes sobre una posible injerencia política en entidades públicas del departamento. Corresponderá a los organismos competentes verificar los hechos y determinar si existieron irregularidades, mientras que las acusaciones contra Germán Rozo deben entenderse como señalamientos del alcalde y no como hechos judicialmente probados.
