Jhon Jairo Rivera Barragán fue detenido en Girón tras seis meses de investigación. Según las autoridades, habría comprado prendas militares y elementos logísticos en Bogotá y Bucaramanga que posteriormente eran enviados hacia Arauca.
Una operación conjunta de la Policía Nacional, el Gaula, la Fuerza Aérea, la Armada y la Fiscalía General de la Nación permitió la captura en Girón, Santander, de Jhon Jairo Rivera Barragán, alias ‘Primo’, señalado de integrar una red de apoyo logístico de estructuras armadas residuales.
El hombre era requerido por las autoridades mediante una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir y utilización ilegal de uniformes e insignias.
De acuerdo con la investigación, adelantada durante seis meses, alias ‘Primo’ presuntamente se encargaba de adquirir prendas militares y otros elementos logísticos en almacenes de Bogotá y Bucaramanga, para posteriormente enviarlos al departamento de Arauca.
La información recopilada por las autoridades indica que el material sería recibido en Arauca por un familiar de Rivera Barragán, señalado dentro del proceso como presunto integrante de la estructura financiera del Frente 10 ‘Guadalupe Salcedo’.
Las autoridades también investigan las conexiones de esta red con estructuras armadas residuales bajo el mando de Iván Mordisco y con organizaciones que tendrían presencia criminal en Arauca, Boyacá y Casanare.
Según el coronel Libardo Fabio Ojeda, las estructuras investigadas estarían relacionadas con actividades de extorsión contra diferentes sectores económicos de estos departamentos.
“Estos delincuentes estaban extorsionando a los comerciantes, ganaderos y fiqueros de esos tres departamentos”, aseguró el oficial.
La operación busca afectar no solo a los integrantes armados, sino también a las redes de apoyo, abastecimiento y logística que permiten el funcionamiento de estas estructuras.
“Vamos a trabajar hasta desarticular estos frentes que delinquen en estos departamentos”, manifestó el coronel Ojeda.
Alias ‘Primo’ fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá definir su situación jurídica frente a los delitos que le atribuyen las autoridades.
