El contrato fue adjudicado a la Unión Temporal Familias 2024 para fortalecer unidades productivas. Beneficiarios aseguran que todavía existirían compromisos pendientes y reclaman claridad sobre la ejecución de los recursos públicos.
Un contrato por $11.914.880.000, destinado al fortalecimiento socioeconómico de unidades productivas de familias de Arauca, quedó en el centro de cuestionamientos por parte de beneficiarios que aseguran que aún existirían compromisos pendientes de cumplimiento.
El proceso SU-12-RE-002-2024, publicado en SECOP II, fue adjudicado a la Unión Temporal Familias 2024 mediante selección abreviada por subasta inversa, con un plazo inicial de 12 meses y bajo la responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social y Equidad de Género de la Gobernación de Arauca.
El objetivo del contrato era fortalecer las actividades productivas de familias del departamento mediante una inversión pública cercana a los $12.000 millones.
Sin embargo, beneficiarios manifiestan su preocupación por el estado actual del programa y solicitan explicaciones sobre los compromisos que, según sus señalamientos, todavía no se habrían cumplido.
Las inquietudes están dirigidas principalmente a la Unión Temporal Familias 2024, como contratista encargado de ejecutar el programa, pero también a la Gobernación de Arauca, frente a su responsabilidad de seguimiento y supervisión del contrato.
Entre las preguntas planteadas están qué porcentaje del objeto contractual fue ejecutado, cuáles obligaciones fueron efectivamente cumplidas, qué recursos fueron pagados y qué compromisos permanecen pendientes.
Los beneficiarios también reclaman conocer qué actuaciones ha adelantado la administración departamental frente a las situaciones que eventualmente puedan afectar el cumplimiento del contrato.
Por el monto de los recursos involucrados y el número de familias que serían beneficiarias, el caso genera interés público en Arauca.
La administración departamental deberá precisar, con base en los informes oficiales de supervisión y la documentación contractual, cuál es el estado real de la ejecución, si existen obligaciones pendientes y qué medidas se han adoptado para garantizar el cumplimiento del objeto contratado.
La exigencia también recae sobre el gobernador Renson Martínez Prada, a quien los beneficiarios piden intervenir para garantizar que las unidades productivas reciban los beneficios contemplados en el proyecto, conforme a las obligaciones establecidas en el contrato.
Es importante señalar que los cuestionamientos de los beneficiarios no constituyen por sí mismos una declaración de incumplimiento contractual. Para determinar si hubo retrasos, obligaciones pendientes o alguna irregularidad será necesario revisar los informes de ejecución, supervisión, pagos y demás documentos oficiales del proceso.
Mientras tanto, permanece la pregunta central: ¿qué resultados concretos produjo una inversión pública de $11.914 millones destinada a fortalecer la economía de las familias araucanas?
