Quince meses después del secuestro de dos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en Arauca, el caso continúa sin avances públicos que permitan conocer su situación o establecer una ruta clara para su liberación.
Mientras el país atraviesa un cambio de gobierno y se redefine la política frente a los grupos armados ilegales, las familias de las víctimas denuncian que la incertidumbre sigue siendo absoluta.
Con ese panorama, familiares, funcionarios de la Fiscalía y ciudadanos convocaron para este jueves 6 de agosto la «Marcha por la libertad, la esperanza y la justicia», una movilización que busca mantener vigente un caso que, según los organizadores, corre el riesgo de quedar relegado en la agenda nacional.
La concentración iniciará a las 8:00 de la mañana en el sector del Hospital San Vicente de Paúl de Arauca y finalizará en la Catedral Santa Bárbara, donde se realizará una eucaristía por la liberación de Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo.
Los dos servidores de la Fiscalía fueron secuestrados el 8 de mayo de 2025 cuando se desplazaban entre Fortul y Arauca, una de las zonas donde el ELN mantiene una histórica presencia armada. Desde entonces, no se han conocido resultados concretos de las gestiones adelantadas para lograr su regreso.
Durante este tiempo, familiares y compañeros han realizado plantones y movilizaciones en Arauca y Bogotá, insistiendo en que el Estado no puede permitir que el caso caiga en el olvido. Las solicitudes han estado dirigidas al Gobierno Nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de fortalecer los mecanismos humanitarios que permitan la liberación de los funcionarios.
El caso también refleja los desafíos que enfrenta el Estado colombiano para proteger a sus propios servidores en regiones con fuerte presencia de grupos armados ilegales.
Analistas en seguridad han advertido que el secuestro de funcionarios judiciales representa un golpe directo contra la institucionalidad y evidencia las dificultades del Estado para garantizar el ejercicio de sus funciones en territorios donde persiste el conflicto armado.
La movilización de esta semana se desarrollará además en un momento de expectativa frente a la estrategia que adoptará el nuevo Gobierno en materia de seguridad y eventuales acercamientos con organizaciones armadas ilegales.
Para las familias, la principal preocupación es que los cambios en la política nacional retrasen o modifiquen las gestiones humanitarias que venían adelantándose.
Mientras no existan respuestas sobre su paradero ni señales de una posible liberación, el caso de Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo seguirá siendo uno de los secuestros de mayor impacto contra funcionarios de la justicia en el oriente del país, un expediente que, quince meses después, continúa abierto y con más interrogantes que certezas.
