La Policía Nacional inició este martes el traslado de los 22 uniformados que permanecían en la subestación de Betoyes, en el municipio de Tame (Arauca), luego de las denuncias de sus familiares y de los llamados de las autoridades locales para evacuar una instalación gravemente afectada por un atentado atribuido al ELN.
La decisión se produjo dos semanas después del ataque armado del pasado 14 de julio, que dejó dos patrulleros muertos, varios policías heridos y destruyó cerca del 80 % de la infraestructura de la subestación. Pese a las condiciones, los uniformados continuaron prestando servicio desde el lugar mientras se definía su reubicación.
En los últimos días, familiares de los policías denunciaron que los agentes permanecían sin acceso a agua potable ni energía eléctrica y que dormían entre los escombros de la edificación, en una zona donde persistía el riesgo de nuevas acciones armadas. Las denuncias generaron preocupación por las condiciones de seguridad y bienestar del personal desplegado en una de las regiones más golpeadas por el conflicto.
El lunes comenzó el retiro de equipos y mobiliario de la subestación y este martes se puso en marcha el traslado de los 22 uniformados hacia otras instalaciones de la institución con mejores condiciones operativas y de seguridad.
El alcalde de Tame, Miguel Ángel Bastos Morales, había solicitado públicamente a la Dirección General de la Policía Nacional la evacuación inmediata del personal, al considerar que mantener a los policías en una estación parcialmente destruida representaba un riesgo para sus vidas y limitaba la capacidad de respuesta institucional en la zona.
Aunque el traslado pone fin a la permanencia de los uniformados en una infraestructura devastada, el caso ha abierto un debate sobre los protocolos de protección, logística y bienestar de la Fuerza Pública en territorios afectados por la violencia armada.
Ahora, la atención se concentra en las medidas que adoptarán la Policía Nacional y el Gobierno para reconstruir la subestación de Betoyes y garantizar el restablecimiento del servicio en condiciones que ofrezcan seguridad tanto a los uniformados como a la población civil.
