El silencio institucional y la violencia armada cobraron la vida de Luis Rivas, un comerciante informal venezolano que permaneció en cautiverio durante casi dos meses.
El grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestró a Rivas hace aproximadamente 60 días en la zona fronteriza.
A pesar de los ruegos de sus familiares y la liberación previa de su esposa hace quince días, el desenlace resultó fatal. El cuerpo del trabajador apareció esta mañana con impactos de bala en la localidad de Arauquita, Colombia, sumiendo en el luto a una familia de raigambre campesina del estado Apure.
La tragedia de la familia Rivas no termina con el hallazgo del cadáver. Actualmente, los allegados denuncian que el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) mantiene una actitud negligente.
El organismo no responde a las solicitudes para la verificación de huellas dactilares, un paso administrativo indispensable para repatriar los restos desde territorio colombiano hacia el municipio Páez.
Los padres de la víctima, conocidos agricultores de la zona y militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), permanecen en Arauquita sin recibir apoyo logístico ni consular por parte de las autoridades venezolanas.
El caso de Luis Rivas evidencia la vulnerabilidad de los ciudadanos en los límites entre Venezuela y Colombia. Durante los 60 días que duró el rapto, ninguna autoridad generó mecanismos de protección o acompañamiento para sus padres. Esta ausencia de respuesta oficial contrasta con la lealtad política de la familia, que hoy se siente desamparada por el Estado.
La comunidad de Apure exige celeridad al Saime para que el cuerpo pueda recibir sepultura en su tierra natal, mientras crece la indignación por el control que ejercen grupos irregulares en el eje Guasdualito-Arauquita.
