Las acusaciones de Olmedo López apuntan a que contratos estatales dieron dinero a la guerrilla en medio de las dudas sobre los diálogos de paz.
Ollas comunitarias y entrega de maquinaria harían parte de los recursos proporcionados a ese grupo armado
No paran de conocerse nuevos capítulos en el mega escándalo de corrupción que envuelve a varios congresistas, funcionarios del alto Gobierno y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), después de que el exdirector de la entidad Olmedo López confesara que se desviaron dineros para beneficiar a congresistas a cambio de apoyo a las reformas y, ahora último, también se habría pagado al ELN para permanecer en la mesa de diálogo.
De hecho, su última confesión incluyó el nombre de la representante a la Cámara, Karen Martínez, quien, según las declaraciones de López, habría mediado en la financiación de grupos armados como el ELN. En su testimonio ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, López afirmó que fondos de contratos de la Ungrd terminaron en manos del ELN en Arauca.
Según él, un contrato estatal realizado en la región fue utilizado para financiar a este grupo guerrillero en momentos en los que había incertidumbre sobre los diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro. “¿Y cómo se lo iban a garantizar? Pues con contratos, señora magistrada”, indicó López durante la audiencia. Además, mencionó a Karen Manrique como la presunta intermediaria del acuerdo delictivo.
Aunque los implicados han salido a desmentir al exfuncionario de la Ungrd, el diario El Espectador reveló una serie de testimonios que darían fuerza a las declaraciones de López. Según se conoció, la probabilidad de que el ELN obtenga recursos de contratación estatal es alta en ea zona del país.
Edgar Guzmán, exsecretario de la Gobernación de Arauca para el periodo 2022, comentó sobre un proyecto de la Ungrd relacionado con ollas comunitarias, criticado por la mala calidad de la comida entregada y la cantidad insuficiente para la población necesitada. “La Ungrd entregó hace unos meses las ollas comunitarias, que fueron casi por 18.000 millones de pesos. Pero se las dieron a las organizaciones sociales y en el departamento fue un escándalo”, dijo Guzmán.
Eduardo Cedeño, politólogo y analista independiente, agregó que la Ungrd también facilitó maquinaria y retroexcavadoras a varios municipios de Arauca. Estos proyectos se llevaron a cabo en medio de amenazas del ELN de retomar los secuestros.
“En el departamento hay un problema geográfico grandísimo, que viene desde hace 30 años, con la expansión de la colonización campesina”, explicó.
Y es que el testimonio de Olmedo López tiene implicaciones serias. Si sus afirmaciones se corroboran, podría estar en juego la “paz total” debido a la supuesta financiación a un grupo armado ilegal.
“La guerrilla ha logrado cooptar los presupuestos municipales, los contratos públicos y todo lo que tiene que ver con los fondos que maneja la gobernación”, aseguró Charles Larratt-Smith, profesor del departamento de Justicia Criminal de la Universidad de Texas y colaborador del centro de investigación Cinep, en diálogo con El Espectador.
Asimismo, la Misión de Observación Electoral (MOE) había advertido sobre la captura del Estado en Arauca desde la década de 1990. Según su análisis, el frente Domingo Laín Sáenz, del ELN, se involucró en los procesos electorales para garantizar que sus aliados obtuvieran cargos de elección popular y así apropiarse de los recursos estatales y de regalías petroleras. “El ELN siempre ha postulado sus propios candidatos para las alcaldías y la gobernación, a través del Partido Liberal”, señaló Larratt-Smith.
La historia de corrupción en Arauca involucra a varios gobernadores. Luis Colmenares, el primer gobernador de elección popular, fue investigado por supuesta entrega de dinero al ELN a través de fondos públicos de fomento. Su sucesor, José Vicente Lozano, fue condenado por rebelión al recibir apoyo de esa guerrilla durante su carrera política.
Héctor Gallardo y Julio Acosta también fueron condenados por corrupción y nexos con la guerrilla. Más recientemente, Ricardo Alvarado y Facundo Castillo Cisneros enfrentan juicios por supuestos contratos irregulares con el ELN.
Jhony Alexander Bello Ortega, exrepresentante legal de la empresa Coinsac, es otro actor importante en estos casos. En la audiencia de imputación contra Castillo, la Fiscalía presentó varios contratos que incluían obras públicas y movilidad en el departamento. “Todos estos contratos tienen por objeto desde estudios técnicos y diseños de detalle de vías”, detalló el fiscal a cargo.
La situación actual en Arauca sigue siendo tensa. Guzmán, quien formó parte del gobierno regional tras la salida de Cisneros, mencionó que ahora otro contratista conocido como El Salaito habría tomado el lugar de Jhony Bello en el control de contratos. “La gente legitima las alianzas con el ELN, porque está acostumbrada”, afirmó Guzmán. Sin embargo, hay un sector de la población que está agotado por la corrupción y la falta de avance en la “lucha social”.
Las declaraciones filtradas de Olmedo López han generado gran revuelo debido a la gravedad de sus acusaciones. Tanto la Fiscalía como la Corte Suprema de Justicia avanzan en la investigación para esclarecer todos los puntos señalados en el caso de la Ungrd, y verificar si efectivamente hubo financiación al ELN a través de contratos estatales.
