La Defensoría del Pueblo, con la participación de su Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, diseñó un modelo de resocialización productiva para las poco más de 1130 mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas detenidas en el ‘Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Medellín Pedregal’.
“Se trata de un programa construido sobre la base de espacios formativos, con la colaboración interinstitucional del Sena y del Inpec, cuya finalidad es facilitar que mujeres y personas OSIGD-LGBTI, luego de que cumplan sus penas, tengan las herramientas necesarias para acceder a las oportunidades de una resocialización efectiva en el país”, remarcó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Al formar parte del programa educativo, subrayó el Defensor, “el propósito principal es que puedan aplicar a los beneficios establecidos en la Ley de Utilidad Pública en materia de justicia restaurativa para que adquieran conocimientos en primeros auxilios, manipulación de alimentos, panadería, confección, huerta y manejo de residuos, construcción y restauración, artesanías, redacción y ortografía, entre otros”.
Hallazgos en materia de formación
En las visitas realizadas a la población carcelaria, la Defensoría pudo constatar que es casi nula la oportunidad de formación técnica o complementaria para la totalidad de las mujeres privadas de la libertad, un aproximado de 6600, lo cual representa un 6,5% de la población detenida en las cárceles del país. Incluso en algunos casos la oportunidad de escolaridad es precaria o prácticamente inexistente.
“Esta situación nos llevó a generar una alianza institucional para lograr que el Sena pudiera dar cursos de formación en los centros penitenciarios adaptados a la particularidad de cada una de ellas”, contó Camargo Assis.
El programa crece a nivel nacional
La misión de la Defensoría no se ha limitado a la tarea rutinaria de verificación de derechos las mujeres y personas OSIGD-LGBTI detenidas. Ante la falta de garantías para que esa población tenga acceso al derecho fundamental de la educación, y gracias al éxito de las jornadas de formación como las que fueron hechas en la cárcel de Jamundí, ha extendido su labor.
“Llegamos hasta los centros penitenciarios La Vega, en Sincelejo, Sucre; Las Mercedes, en Montería, Córdoba, y ahora aquí en Pedregal, donde nos encontramos hoy, sitio de reclusión en la capital de Antioquia; lugares donde realizamos la caracterización de aproximadamente 650 mujeres para que iniciaran los cursos de formación, de las cuales, a la fecha, más de 300 ya están inscritas”, recalcó el Defensor del Pueblo.
A través de los distintos cursos ofertados por el Sena, uno de los propósitos de las jornadas es proporcionarles a las mujeres y personas OSIGD-LGBTI privadas de la libertad el acceso al derecho fundamental de la educación, y, con ello, tras cumplir sus condenas, que las empresas privadas en el país les den oportunidades en sus procesos productivos.
No solo es resocialización efectiva
“En la Defensoría del Pueblo no solo buscamos transformar vidas a través de una resocialización efectiva de la población privada de la libertad, también queremos garantizarle el verdadero goce efectivo de derechos, más allá de una obligación legal, como una tarea que hacemos con voluntad y entrega para que mujeres y población OSIGD-LGBTI detenidas tengan una nueva oportunidad real de vida en la sociedad”, enfatizó Carlos Camargo Assis.
El trabajo interinstitucional permitirá que esa población cuente con certificaciones en programas técnicos, lo cual, sin duda, le ayudará a que tenga un proyecto, un plan y una esperanza de vida, como principio esencial de una justicia restaurativa.
