jueves, mayo 23, 2024
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Corrupción de altura En Arauca

La Contraloría borró la posibilidad de que los colombianos supiéramos cómo empresas de papel de Arauca, en cabeza de personas humildes de la región, terminaron vendiendo aviones a la Policía por millones de dólares.

De las cosas más difíciles de investigar en el periodismo son las relacionadas con los gastos de la fuerza pública. Bajo la consigna de tratarse de asuntos de seguridad nacional, es casi imposible tener acceso a la información de la contratación de las Fuerzas Armadas; la mayoría de ellas se hace bajo regímenes especiales y sus motivaciones y montos siempre tendrán carácter reservado.

A pesar de ello, gracias al trabajo de la prensa, los colombianos supimos que la Policía Nacional (Ponal), por medio de un convenio suscrito con la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (Ciac), adquirió en 2022 tres aviones: un jet Embraer Legacy 600, por 12 millones de dólares, y dos aeronaves ATR-42-500, por otros 12 millones de dólares.

La compra de estos aviones se hizo mediante dos consorcios: el Consorcio Aeronaves PNC y el Consorcio Alas. El primero, conformado por tres empresas: Río Sur S. A. S. (5 por ciento), Construcción Empresa y Proyecciones para el Desarrollo (5 por ciento) e Ingeambicol (90 por ciento). De estas tres empresas, solo la primera tiene trayectoria en la industria aeronáutica. Las otras dos se dedican a venta de maquinaria agrícola y servicios de catering.

A este primer consorcio le compraron el jet de lujo por 12 millones. El segundo consorcio, llamado Alas, estaba conformado también por Río Sur S. A. S. (5 por ciento) y por Servicios Integrales y Asociados Emsa (95 por ciento), una compañía que se dedica a un sinnúmero de actividades, como compraventa de maquinaria, seguros, lotes y ganado. A este le compraron las dos aeronaves ATR 42-500 por 12.670.000 dólares.

Excepto Río S. A. S., estas empresas tenían en común estar radicadas en Arauca, no tener ningún tipo de experiencia en aeronaves, poseer objetos sociales demasiado amplios y estar representadas legalmente por jóvenes humildes de Arauca. Estas especiales características llamaron la atención de la Contraloría, que decidió hacer una minuciosa auditoría a esta contratación.

Con el contralor delegado de Defensa, Luis Eduardo Parra, a la cabeza, la Contraloría hizo un análisis profundo en el que, con argumentos técnicos y cientos de páginas, detalló las inconsistencias que tenía esta contratación.

Eran muchas: la compra del jet Legacy 600 se había justificado en el transporte de uniformados de la Policía y en el camino se habían cambiado las especificaciones a un jet de lujo; algunos de estos cambios se habrían hecho un primero de enero, cuando pocos estaban al tanto; la Policía prefirió comprar esta aeronave en lugar de una que estaba a la venta por el Gobierno de Ecuador, con menos horas de vuelo y menor valor; se pagó una comisión de 7.140 millones de pesos a los vendedores y, como si fuera poco, una de las aeronaves ATR- 42 500 tenía problemas de corrosión que le impedían volar.

Me di a la tarea de buscar quiénes eran esos “empresarios” de Arauca que aparecían vendiendo aviones.

Encontré que estas empresas, excepto la minoritaria Río Sur S. A. S., eran empresas de papel que acomodaban sus objetos sociales a cuanto contrato público pudieran. Vendían los aviones, operaban el PAE de Arauca, daban charlas de apoyo a víctimas, pavimentaban calles, hacían interventorías y administraban un gran proyecto de siembra de cultivos cítricos, entre otros. Todos, contratos por miles y miles de millones de pesos. Además, funcionaban en el mismo lugar en el municipio de Arauca. Era evidente que se trataba de empresas que prestaban su nombre para completar requisitos y conformar consorcios.

A pesar de las evidentes irregularidades que halló la Contraloría, la misma entidad cambió de parecer este mes. Fue el general Henry Sanabria Cely, director de la Ponal, quien le pidió al contralor (e) Carlos Mario Zuluaga la revisión de los distintos hallazgos, para la cual encargó a José Ignacio Arango Bernal. Entonces, en cabeza de Arango, la visión de la Contraloría cambió.

El ente de control determinó: “No se puede afirmar de forma categórica que la Ponal no cumplió con el principio de planeación, toda vez que se verificó que la institución aplicó el modelo de planeación y dio cumplimiento a las políticas institucionales implementadas por el MinDefensa, a través del cual definió sus necesidades de acuerdo con los análisis disponibles en ese momento, para finalmente concluir que la adquisición del lote de aeronaves definido era viable”.

La Contraloría consideró que era válido pagar la comisión del 3 por ciento del negocio, pues no se trataba de una negociación del resorte directo de la Policía, y que no había lugar a cuestionar por qué no se había comprado la aeronave ecuatoriana, porque “no comparten ni condiciones técnicas, ni de adquisición, toda vez que las condiciones de tiempo, modo y lugar de cada una y su negociación difieren significativamente entre ellas”.

Además, concluyó que hoy la Policía tiene operando una aeronave Embraer Legacy 600 y una aeronave ATR42-500. “La aeronave Embraer Legacy 600 se recibió e ingresó a las cuentas contables de la Policía Nacional el 12 de abril de 2023, encontrándose en uso y operación desde el 29 de abril de la misma vigencia. Es decir, no se podría predicar un daño al patrimonio del Estado cuando se recibió el bien adquirido y está prestando el servicio esperado en las condiciones requeridas…”.

No hace ninguna mención de la segunda aeronave ATR 42-500 que no se pudo recibir por su estado de corrosión. De otro lado, la Contraloría concluye que considerar que las empresas que vendieron las aeronaves no tenían la experiencia es una “valoración subjetiva” y no había argumentos técnicos.

Finalmente, el ente de control considera que posiblemente en esta compra de los aviones tal vez sí pudo haber un posible sobrecosto e inició una nueva investigación por ello.

Así, de un plumazo, la Contraloría borró la posibilidad de que los colombianos supiéramos cómo empresas de papel de Arauca, en cabeza de personas humildes de la región, terminaron vendiendo aviones a la Policía por millones de dólares.

No se necesita ser Scotland Yard para concluir que nada de lo que pasó en esta negociación tiene lógica. Ni tampoco para saber que manos muy poderosas mueven los hilos de estas contrataciones hasta borrar su rastro.

Es esa corrupción que se mueve a la misma altura que vuelan hoy estas aeronaves.

FUENTE .semana.com

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