“A la paz le asignaron recursos importantes para garantizarle su consolidación en el país, pero no hay mayores avances. Nos preocupa la forma como los están destinando”, afirmó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en la presentación del ‘V Informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera’.
La paz total, añadió el Defensor, “lamentablemente está ralentizando el cumplimiento del Acuerdo Final porque, mientras la ejecución dependa de acuerdos con los grupos armados ilegales, no habrá reforma rural, los desplazados verán como una utopía el retorno a sus territorios; además, habrá un retraso con el cumplimiento a cabalidad de la política de restitución de tierras”.
Reiteró de manera especial que no habrá paz y menos total si en los territorios no es garantizado el proceso de retorno. “Contribuirá en gran medida el hecho de que las víctimas de desplazamientos forzados, colectivos o individuales, y de despojos puedan volver a sus lugares de siempre con las correspondientes garantías que les debe otorgar el Estado”, hizo énfasis Camargo Assis.
El acceso a la tierra y su formalización, uno de los componentes más importantes del Acuerdo Final, advierte el Informe defensorial, no podrán ser implementados en debida forma mientras los grupos armados al margen de la ley continúen incitando las ocupaciones ilegales o promoviendo aquellas actividades que sirven como fuentes de economías ilícitas.
“Hoy no tenemos certezas sobre avances en términos cuantitativos del acceso a la tierra. Dicho de otra forma, es un punto primordial del Acuerdo sobre el que no hay claridad en lo que a cifras se refiere”, expresó el Defensor del Pueblo.
Tampoco hay claridad, queda consignado en el Informe de la institución de derechos humanos, sobre la forma de ingreso de los bienes al Fondo de Tierras. Aunque se alude una cifra que supera los dos millones de hectáreas, el dato de la tierra adjudicada da cuenta de la mitad de ese número, entregado por la vía de nuevas adjudicaciones.
En lo que se refiere a la formalización de la tierra, es aducido un monto que supera los cuatro millones de hectáreas de los siete millones que constituyen la meta, sin embargo, las cifras no son confiables. Es advertida lo que sería una doble contabilización. La falta de claridad en los números ha sido admitida por el propio Gobierno Nacional.
“La política de restitución de tierras presenta un serio atraso histórico.
Las metas propuestas a diciembre del 2023 no alcanzaban el 50% de su ejecución, razón por la cual desde la Defensoría del Pueblo le solicitamos a la Unidad de Restitución de Tierras que propusiera un plan de choque, teniendo en cuenta el informe que presentamos con la Procuraduría General a la Corte Constitucional.
El plan fue concretado y está arrojando avances, particularmente desde el Grupo Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras. De lo que se trata es de avanzar en la reparación a las víctimas”, enfatizó Carlos Camargo Assis.
En lo concerniente al enfoque transversal de género, las mujeres continúan enfrentando barreras en el goce pleno de sus derechos a condiciones de vida dignas, la tierra y la participación. Hay un avance precario en materia de adjudicaciones de predios provenientes del Fondo de Tierras a favor de las mujeres rurales.
Avances en la implementación del Acuerdo
Es preciso reconocer el esfuerzo del Gobierno Nacional en la implementación de la Jurisdicción Agraria, con al Acto Legislativo 03 de 2023. Hoy hacen curso en el Congreso de la República el proyecto de ley estatutaria, sobre su integración y estructura, y el proyecto de ley ordinaria, relacionado con su funcionamiento y competencias.
Tanto el Congreso como el Consejo Superior de la Judicatura han jugado un papel preponderante en el tema de la Jurisdicción Agraria. El primero, al aprobarlo; el segundo, por su rol en la implementación.
Aunque ha habido avances en otras materias, como la constitución de las Zonas de Reserva Campesina, los Planes de Acción para la Transformación Regional, el Programa de Sustitución Voluntaria, la Política Nacional de Drogas, los mecanismos del sistema de justicia transicional, la firma del Pacto por la Implementación del Capítulo Étnico, entre otros, la Defensoría del Pueblo recomienda trabajar manteniendo una dependencia dedicada exclusivamente a coordinar la implementación del Acuerdo.
“A siete años de la implementación del Acuerdo Final de Paz, menos del 50% de las iniciativas del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial ha iniciado procesos de gestión, razón por la que es fundamental la puesta en marcha de un órgano de articulación, sobre todo porque a la paz le fueron asignados recursos por 50 billones de pesos, lo que amerita garantizar su verdadera consolidación”, puntualizó el Defensor del Pueblo de los colombianos.
