La denuncia por doble militancia contra el gobernador de Boyacá Carlos Amaya, interpuesta por su mejor amigo ante el Consejo de Estado, dejó en evidencia que no solo la elección del mandatario boyacense está en riesgo, sino también la de otros siete mandatarios departamentales del país.
Según en el despacho del Consejo de Estado reposan investigaciones contra los gobernadores de Córdoba, Putumayo, Chocó, Arauca, Meta, Magdalena y Antioquia, algunos por doble militancia y otras irregularidades en sus procesos de elección.
En Antioquia
Uno de los pleitos jurídicos más mediáticos ha sido el mandatario antioqueño Andrés Julián Rendón, que fue demandado por el exgobernador de Antioquia Luis Pérez, su contendor en las elecciones, el 19 de diciembre de 2023.
El demandante solicitó la nulidad en la elección, la cancelación de la credencial entregada a Rendón por la coalición Por Antioquia Firme y la repetición de las elecciones a la gobernación de Antioquia, debido a ‘ataques sucios’ durante la campaña electoral, en la que se señaló a Luis Pérez como el candidato del presidente Gustavo Petro; además la denuncia señala que hubo fraude al sufragante ya que el candidato perdedor iba ganando los sondeos al principio del preconteo y terminó en el segundo lugar.
Demandados por doble militancia
A diferencia del caso de Antioquia, el resto de los otros gobernadores demandados son investigados por doble militancia, hecho que, de comprobarse, anularía sus elecciones automáticamente.
- El gobernador de Arauca: Renson de Jesús Martínez, además de ser señalado como el presunto candidato del ELN, también es acusado de doble militancia al recibir y apoyar las candidaturas de, por lo menos, seis alcaldes distintos al partido Liberal y pertenecientes a los partidos de La U, Conservador, ASI, Alianza Verde, entre otros movimientos políticos.
- Erasmo Zuleta en Córdoba: el gobernador cordobés que inscribió su candidatura por una coalición entre el Partido de la U, el Conservador, el Liberal, Mais y Colombia Renaciente, es acusado de apoyar al alcalde electo de Lorica Carlos Mario Manzur que, pese a pertenecer al partido Liberal, no hacía parte de la coalición que avaló la candidatura de Zuleta Bechara.
- El mismo problema en Magdalena: al gobernador Rafael Martínez lo demandaron por apoyar a varios aspirantes a Alcaldías con el aval del Partido de la U sin que su colectividad política, Fuerza Ciudadana, tuviera coalición con dicho movimiento.
- En Chocó sucedió algo parecido: como le pasó a los otros gobernadores electos, a la mandataria chocoana Nubia Córdoba fue demandada por el excongresista Odín Sánchez Montes debido a que apoyó a la candidata a una Alcaldía que pertenecía al partido Colombia Renaciente que no tenía ninguna relación con el partido Liberal, que avaló su candidatura.
- De un partido a otro en el Meta: el Consejo de Estado investiga a la mandataria metense Rafaela Cortés Zambrano, a quien acusaron de inscribirse en las elecciones con el aval del movimiento Fe y Firmeza, pero en sus redes sociales respaldó abiertamente a un candidato del partido Verde que aspiraba a la Alcaldía Puerto López.
- Putumayo no se quedó atrás: Carlos Andrés Marroquín recibió el aval de la coalición Somos la Fuerza de la Gente, del Partido de la U y el movimiento La Fuerza por la Paz, pero se alió en campaña con un candidato a la Alcaldía del Valle del Guamuez perteneciente a Dignidad y Compromiso.
- El caso de Carlos Amaya: Miguel Alberto Vergara Sandoval, mejor amigo del gobernador de Boyacá, lo demandó ante el Consejo de Estado porque el 29 de julio de 2023 se inscribió como candidato a la Gobernación por el movimiento Boyacá Grande, pero apoyó a varios candidatos del partido de la U.
