Ramón Camilo García, presidente de una veeduría del contrato de construcción de las celdas en el relleno sanitario del municipio Cravo Norte, denunció presuntas irregularidades en la ejecución de la obra.
Explicó que el contrato tiene un monto de 1.579 millones de pesos, de los cuales 1.322 millones son para la construcción de diques y silla compactada, sin embargo, el material de arcilla fue extraído «de manera ilegal» del mismo relleno sanitario.
Añadió que después de detectada la situación, removieron las máquinas, pero llevaron material de menor calidad, con arena de los médanos.
También reveló que el contrato de interventoría está firmado por un poco más de 150 millones de pesos y no se ha visto presencia de los cuatro profesionales que les correspondería cumplir con esa labor de verificación.
Señaló que tampoco se les ha mostrado las licencias ambientales que debió emitir Corporinoquia.
Las condiciones de los trabajadores es otra de las denuncias. García comentó que los obreros no tienen tapabocas ni botas reglamentarias.
El líder social pidió a los entes de control, así como a la gobernación y la Alcaldía de Cravo Norte, indagar sobre lo que está sucediendo.
De igual forma, el representante comunal destacó que la construcción de las celdas si es necesaria, «pero no es la manera que por una necesidad y una problemática de este pueblo que ha sido tan olvidado, vayan a legalizar una cantidad de plata, aprovechándose del pueblo».
García dijo que cuando les informaron que iban a poner la capa de concreto, el martes 19 de diciembre, integrantes de la veeduría, Asojuntas y el personero se acercaron a la obra, pero el gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Cravo Norte ‘El Jaguey’, Brayan Garcés, había ordenado poner candado y un grupo de líderes sociales y un trabajador que necesitaba salir con urgencia no pudieron, por lo que pidió a la Fiscalia que investigue si eso se constituye en una retención.
