La investigación está relacionada con la construcción de la Concha Acústica del municipio de Arauca. El proyecto registró tres suspensiones, cerca de 13 prórrogas y un avance del 58,02 % para junio de 2024.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra un exfuncionario de la Alcaldía de Cravo Norte y la representante legal de la interventoría de una obra pública, por presuntas irregularidades en la supervisión y el control de la construcción de la Concha Acústica de este municipio araucano.
Los investigados son Miguel Fernando Martínez Bernal, exsecretario de Planeación y Obras Públicas municipal y supervisor del contrato de obra 093 de 2021, y Ana Clemencia Lozano Natera, representante legal de la Unión Temporal Intercravo 2021, encargada de la interventoría del proyecto.
De acuerdo con el organismo de control, el contrato tenía un valor de $2.410 millones y un plazo inicial de ejecución de cuatro meses y medio. No obstante, durante su desarrollo se presentaron tres suspensiones y alrededor de 13 prórrogas.
La Procuraduría señaló que, para junio de 2024, la obra permanecía suspendida y apenas alcanzaba un avance del 58,02 %, a pesar de que ya había transcurrido el 97,78 % del plazo contractual.
Según la investigación disciplinaria, Martínez Bernal habría incumplido sus deberes de supervisión al presuntamente no exigir al contratista la ejecución oportuna de las obligaciones pactadas ni adoptar medidas suficientes para procurar la terminación del proyecto.
En el caso de Lozano Natera, la Procuraduría identificó presuntas deficiencias en la vigilancia técnica, administrativa y financiera de la obra, relacionadas con las obligaciones de seguimiento y control que correspondían a la interventoría.
El ente de control calificó provisionalmente las conductas como faltas gravísimas. Al exsecretario se le atribuyeron a título de culpa grave, mientras que a la representante legal de la interventoría se le imputaron a título de culpa gravísima.
La formulación del pliego de cargos marca una etapa del proceso disciplinario y no constituye una decisión definitiva sobre la responsabilidad de los investigados. El caso deberá avanzar conforme al procedimiento establecido por las autoridades competentes.
