Procuraduría profirió cargos contra exgobernador de Arauca por presuntas irregularidades en contratación del PAE

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en contra del exgobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene (2016-2019), y otros tres exfuncionarios de la administración departamental, por presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar -PAE-.

El pliego de cargos también se dictó en contra del exgerente de contratación, Edgar Alfonso Cadena Díaz (2016); la exsecretaria de Educación, Gladys Yolanda Montes Ovalles (2016-2017), y la exasesora del despacho y exsecretaria de Educación ad hoc, Norma Cecilia Cabrera Pérez (2016).

El órgano de control los investiga porque al parecer se habrían presentado sobrecostos en la firma del contrato, que tenía como objeto el suministro de los alimentos para el año 2017 y tuvo un costo total de ocho mil 671 millones de pesos.

Aparentemente, se habría fijado un valor mayor de las raciones como consecuencia de la aplicación de un incremento superior al Índice de Precios al Consumidor -IPC- fijado para ese año, lo que generó posibles sobrecostos en los productos incluidos, que al parecer fueron de un 13.23 % para el complemento alimentario en las jornadas de la mañana y la tarde, y del 53.74 % en los almuerzos.

“Con fundamento en el informe rendido por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, es posible afirmar que existió una variación real del precio de la ración para el complemento alimentario almuerzo, en cuantía equivalente al 53,74 % por lo que, a raíz de la modificación introducida el 31 de enero de 2017, las condiciones iniciales de precio se encarecieron en perjuicio del departamento”, sostuvo el Ministerio Público en el pliego de cargos.

Para el Órgano de Control presuntamente se desconocieron las normas que consagran los fines de la contratación estatal y el principio de economía, en la medida en que, con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, se estipuló y reconoció un mayor valor.

Por esos hechos, la Procuraduría señaló que los entonces funcionarios habrían vulnerado los principios de moralidad, eficacia y economía, y calificó su presunta conducta como una falta gravísima cometida con culpa gravísima.

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