“El incremento de la población migrante y refugiada en tránsito hacia el norte del continente ha hecho que la crisis humanitaria en la frontera con Panamá se agudice al igual que los riesgos de vulneración de derechos fundamentales para estas personas”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en una nueva visita a los municipios de Necoclí (Antioquia) y Acandí en Chocó, en la región del Urabá-Darién.
Actualmente, dijo el Defensor del Pueblo, se estima un represamiento de 9.000 migrantes en Necoclí, quienes tienen que esperar hasta cuatro días para conseguir un tiquete de bote que los traslade hacia Acandí, tanto en la ruta por la zona urbana como por el corregimiento de Capurganá.
“Este año la crisis migratoria es mucho más grave que la registrada el año pasado. Primero porque la cantidad de personas en movilidad humana que han pasado hacia Panamá supera los 150.000 en comparación con los 134.000 migrantes en todo el 2021. Y la tendencia es a seguir aumentando. Y segundo porque las condiciones de vulnerabilidad económica son evidentes, ciudadanos que están más expuestos a ser utilizados por los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales”, destacó Carlos Camargo.
Los datos del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos y de Migración Panamá dan cuenta del crecimiento exponencial del tránsito irregular de migrantes, refugiados y personas con necesidad de protección internacional, por la frontera entre Colombia y Panamá. Mientras en enero de 2022 cruzaron la frontera 4.415 migrantes, en agosto lo hicieron 31.055.
En la semana del 24 al 30 de septiembre se reportaron 14.000 salidas de migrantes, lo que refleja un incremento del 12% en comparación con la semana anterior que fue 12.000 personas. El registro muestra que en 2021 aproximadamente migraron 133.000 personas en todo el año, a septiembre del 2022 la cifra ya va en 151.582, de los cuales 21.570 son menores de edad.
“Hicimos varias recomendaciones a las entidades del Estado, de manera especial solicitamos una presencia más activa del ICBF, dado que el 15% de los migrantes son niños, niñas y adolescentes. En los últimos 15 días han pasado cerca de 4.290 menores de edad. Esta es una población en alto riesgo de manera particular quienes viajan no acompañados, dado que se exponen a peligros adicionales como la trata o la explotación sexual comercial”, aseguró el Defensor del Pueblo.
“En la Defensoría del Pueblo también encontramos que en la playa del municipio de Necoclí se encuentran al menos 1.000 personas en condición de habitabilidad en calle, entre ellos menores de edad en riesgo de vulneración de derechos a la seguridad alimentaria, salud, educación, entre otros, lo que dificulta que tengan condiciones adecuadas para su desarrollo”, agregó Carlos Camargo.
A esta situación se suma que las autoridades locales han reportado el incremento del accionar de las redes de tráfico de migrantes y que en el Tapón de Darién tienen presencia las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)-Clan del Golfo.
Finalmente, Carlos Camargo hizo un llamado a las Defensorías del Pueblo de los países de origen, tránsito y acogida para adelantar acciones de prevención y protección para garantizar una migración regular, ordenada y segura, pero sobre todo evitar que sean vulnerados a los derechos de los migrantes por parte de organizaciones criminales.
Informe especial
La Defensoría del Pueblo presentó un informe con la caracterización que los equipos en territorio han venido haciendo en los últimos meses. En dicho informe se presenta una serie de recomendaciones a varias entidades del orden nacional y territorial. Entre ellas se destaca:
1. Al Ministerio de Relaciones Exteriores adelante la implementación de la ley 2136 de 2021 que define acciones y rutas de atención. De la misma forma, adelantar gestiones con gobiernos de la región para garantizar una migración segura, legal, ordenada y en condiciones de dignidad.
2. A la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia se le solicitó establecer de manera permanente un puesto de verificación migratoria en el municipio de Necoclí.
3. Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que tenga presencia permanente en Necoclí y Acandí.
4. A las autoridades locales y departamentales gestionar albergues temporales con enfoque en niñez, mujer y género.
