Atendiendo el liderazgo del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, la recién creada Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales (DECDF) asumió el conocimiento de 400 indagaciones relacionadas con el delito de omisión de agente retenedor o recaudador a nivel nacional, omisión de activos en el exterior, fraude al IVA y a Impoconsumo y que fueron denunciados por la DIAN.
El monto de las sumas retenidas y no consignadas a favor de la Nación, en lo que respecta a los casos investigados, correspondería a 618 mil millones de pesos, lo que representa el 52% del total de los dineros dejados de pagar en favor del erario público.
“Debo recordarle a la opinión pública que es muy importante para la Fiscalía, como lo he dicho reiteradamente, perseguir los bienes de los criminales. Los criminales sufren permanentemente por sus bienes”, dijo el Fiscal General de la Nación.
Por su parte, el director de la DIAN, Lisandro Manuel Junco Riveira destacó el trabajo mancomunado con la Fiscalía.
“Para la DIAN contar con el apoyo del Fiscal General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra Delitos Fiscales ha sido determinante. En tan solo seis meses de operación de esta nueva dirección, liderada por el señor Fiscal General, doctor Francisco Barbosa, hemos podido identificar y judicializar a evasores de impuestos.
Indudablemente, vamos en la dirección correcta”, precisó Junco Riveira.
Facturación ilegal
De la misma manera, la Fiscalía General de la Nación y la DIAN han emprendido una lucha frontal contra las organizaciones criminales dedicadas a defraudar la administración tributaria mediante la estructuración de operaciones ficticias, con sociedades inexistentes para obtener beneficios tributarios o evadir su pago.
La priorización de casos dispuesta por el Fiscal General de la Nación, permitió que este organismo estableciera la existencia de una organización ilegal que durante 7 años ha expedido facturas falsas que representaban operaciones simuladas de compra y venta de activos y/o servicios.
Lo anterior, habría permitido que personas naturales o jurídicas se apropiaran del impuesto a las ventas y/o disminuyeran sus obligaciones respecto del impuesto de renta. Por esta venta ilícita de facturas las organizaciones ilegales cobrarían distintos porcentajes o comisiones.
Contra el contrabando
En desarrollo de la estrategia Argenta, dispuesta para afectar con contundencia las finanzas de las organizaciones criminales, la Fiscalía ha logrado impactar 15 redes dedicadas al contrabando y fraude fiscal, entre otros delitos.
Labores de policía judicial permitieron identificar organizaciones criminales que habrían obtenido incrementos patrimoniales a partir de operaciones de comercio exterior; estos los habrían conseguido aprovechándose de programas especiales de importación y exportación, así como, de acuerdos comerciales suscritos por Colombia con otros países, al igual mediante operaciones de contrabando técnico mediante subfacturación, sobrefacturación y falsedad de documentos.
En cuanto a la lucha contra el contrabando abierto, con el trabajo coordinado entre fiscales, la DIAN, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Armada Nacional se ha logrado la incautación de mercancía, especialmente de cigarrillos, avaluados en más de $19.000 millones; representados en cerca de 7 millones de cajetillas.
Estas incautaciones fueron realizadas en mar territorial colombiano.
La evidencia recopilada señala que la mercancía ilícita sería propiedad de al menos 4 organizaciones integradas por ciudadanos panameños, venezolanos y colombianos, quienes pretendían ingresarla al territorio nacional a través de lugares no habilitados en cercanía a los puertos en Cartagena (Bolívar) y
Coveñas (Sucre), para luego acopiarla en Medellín (Antioquia) y ser distribuida de manera ilegal en el resto del país, una parte de esta llegaría al Ecuador.
En relación con delitos fiscales a la fecha han sido judicializadas más de 50 personas, presuntamente, responsables de incurrir en contrabando por cerca de $40.000 millones. En más del 50% de los casos han sido aplicadas medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
Las acciones adelantadas por la Fiscalía, en su trabajo mancomunado con la DIAN y la Policía Nacional, han servido para contrarrestar la amenaza que representan para las arcas del Estado, el actuar de estas organizaciones, poniendo en riesgo el presupuesto de financiación de los gastos de inversión del Estado, los recursos del sistema de salud y en general, el presupuesto de inversión de los entes territoriales.
Finalmente, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, precisó “tenemos más de 19 billones de pesos, es decir, 4 mil millones de dólares en extinción de dominio, en un trabajo conjunto que estamos haciendo también con la Dian y con otras entidades del Estado”.
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