Con suma extrañeza se recibió hoy en un debate de control político de la Comisión Segunda de la Cámara al IGAC, el silencio que guardó la directora de esta entidad Olga Lucía López, ante la reiterada pregunta del Representante de Arauca José Vicente Carreño, en el sentido de qué pasaría si la Corte Constitucional «tumba» el artículo 79 del Plan Nacional de Desarrollo, que habilita para que las alcaldías puedan contratar operadores públicos o privados para el servicio catastral.
Carreño explicó que desde el año 2019 la Corte Constitucional admitió una demanda al mencionado artículo, en donde se presume que el alto tribunal está estudiando si es exequible o no que las funciones del Instituto Nacional Agustín Codazzi – IGAC, sean transferidas directamente a los municipios, a lo que Carreño propuso en el debate que se reestablecieran la (45) unidad operativas catastrales -incluida la del Departamento de Arauca- mientras se conoce la decisión final de la Corte, teniendo en cuenta que la plataforma digital para la actividad catastral ha sido un total fracaso.
El dirigente político de Arauca se sostuvo en el debate que la “descentralización” de la función catastral, es solo el inicio de la liquidación del IGAC y posteriormente la privatización del servicio catastral -aun con el desacuerdo de la alta funcionaria de esta entidad- al asegurar Carreño que suspender al IGAC sus funciones de gestor y operador catastral, es de una u otra manera acabarlo por sustracción de materia, cuando lo que se debe buscar es una sólida reestructuración y fortalecimiento de la entidad.
