seis indígenas, que eran de la tribu Jivi del estado Apure, fueron asesinados por presuntos elementos irregulares que operan en la zona y que Fundaredes señala de disidencia de las FARC.
Los asesinados, todos hombres, fueron identificados como Jean Carlos González Herrero (32 años), Andrés Eulogio Ortiz Cuervo (75 años), Manuel Gallardo (24 años), Jesús Perdomo (28 años), Carlos Rodríguez (37 años) y Luis Pérez (34 años).
El 21 de junio, el coordinador de la ONG FundaRedes en el estado Apure, Juan Francisco García, denunció el asesinato de estos indígenas en Apure por parte de las disidencias de las FARC en el sector Macanilla, ubicado en el municipio Pedro Camejo.
Según García, la muerte de los aborígenes se suscitó luego de que supuestamente estas personas habrían saqueado un camión de comida que se trasladaba desde San Juan de Payara hasta una iglesia en Puerto Páez, en la parroquia Codazzi, el pasado 15 de junio.
De acuerdo a FundaRedes, los indígenas se habrían llevado alimentos de las cajas CLAP.
A su juicio, «la acción natural de investigación por los organismos de seguridad del Estado fue usurpada por las FARC, llevando al asesinato de los seis indígenas».
Juan Francisco García denunció que los indígenas que están radicados en la Macanilla y Caparaparo no tienen protección social alguna por parte del Estado y se han presentado varios inconvenientes en esa población como desnutrición y violaciones a jóvenes de 12 y 13 años por elementos de la disidencia de las FARC.
En ese sentido, pidió justicia para el caso de los indígenas asesinados. «Tenemos casos de desnutrición (…), de esclavización moderna por parte de las FARC a los indígenas desde narcotráfico a otro tipo de actividades ilegales que realizan los grupos irregulares», dijo.
Juan Francisco García también hizo una denuncia ante la Defensoría del Pueblo que unos 200 samanes fueron destrozados con el fin de financiar a los grupos armados irregulares que operan en Apure, situación que se evidencia en el municipio Achaguas, y dijo que las autoridades saben de esto.
No solamente talan de forma indiscriminada los árboles, sino que usan los terrenos para construir pistas clandestinas que permiten realizar actividades ilegales.
“Los cortes de madera se vienen haciendo de manera abierta, esta es trasladada a diferentes estados del país, atravesando varias alcabalas y puntos de control de diversos organismos de seguridad del Estado sin ningún tipo de restricciones”, acusó según el portal de FundaRedes.
Recordó que la tala del Samán está prohibida en Venezuela.
El director de Fundaredes, Javier Tarazona, Organización No Gubernamental (ONG) que lleva el pulso de la situación fronteriza, denunció el 13 de junio que la población de Apure ha sido amenazada por el Frente Décimo de la FARC, obligándolos a abandonar el territorio.
Tarazona expresó su preocupación por la vulnerabilidad que está siendo objeto la población, especialmente en las localidades de El Ripial y La Capilla, “varias de estas personas que están allí fueron retornados de los albergues de Araguita y del resguardo que estaban teniendo en Saravena y otras poblaciones de Colombia.
Posteriormente se conoció el 16 de junio que el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, almirante en jefe (A/J) Remigio Ceballos Ichaso, informó sobre la ejecución de un despliegue de los elementos de la Infantería de Marina de la Armada en la zona fronteriza del estado Apure.
Ceballos Ichaso expresó vía Twitter que con esta medida se busca «reforzar e incrementar» la seguridad y presencia militar en la zona con el fin de «combatir y expulsar todo grupo irregular colombiano».
La crisis generada en Apure, luego del conflicto agudizado el 21 de marzo, puso a la Fuerza Armada Nacional (FAN) bajo el escrutinio público. Para el Frente Institucional Militar (FIM), la organización castrense resultó reprobada y por eso llama a la ciudadanía a exigir la destitución de sus mandos y que sean sometidos a juicio.
