Grupos armados irregulares de origen colombiano han tomado fincas en Venezuela para usarlas en el cultivo y procesamiento de drogas, así como también para la construcción de pistas clandestinas para el narcotráfico, al tiempo que desarrollan actividades de entrenamiento bélico y otros ilícitos con la complicidad de funcionarios del Estado, denuncia la ONG FundaRedes.
Investigaciones han determinado que el modo en que actúan los grupos irregulares varía de una región a otra, dependiendo de quién lidere la zona y de los intereses económicos que predominan en el grupo que impone su ley. En ciertas regiones de la zona norte del Táchira los irregulares ocupan parte de las unidades de producción y obligan a los propietarios a coexistir con ellos dentro de los predios donde instalan campamentos y dirigen sus operaciones.
FundaRedes señaló que en los estados Zulia, Táchira, Bolívar, Portuguesa, Lara, Mérida, Trujillo, Barinas, Falcón, Carabobo, Aragua, Guárico, Monagas, Anzoátegui, Delta Amacuro, Caracas, Yaracuy, Amazonas y Apure “hay evidencias de fincas tomadas por los grupos armados irregulares, y destinadas como pistas clandestinas de aterrizaje o para tener plantaciones de coca y marihuana”, según denuncia la ONG en su página web.
“En algunos casos estas organizaciones criminales utilizan testaferros para invertir los recursos provenientes del narcotráfico y el contrabando en la adquisición de tierras, de allí que en los últimos años se han convertido en los grandes terratenientes de Venezuela bajo el conocimiento, e incluso en algunos casos, complicidad de las autoridades”, describe parte del texto.
La organización indica que la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU, a través de la Resolución 217 de 1948, establece en su artículo 17 que “toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente”, y que “nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en el artículo 115 el derecho a la propiedad privada, por ende, es deber del Estado su protección para que toda persona tenga derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes con garantía absoluta de que su derecho a la propiedad es inviolable.
