Ante la negativa de 122 concejos de suspender los concursos para escoger personeros por falta de idoneidad y experiencia de los contratistas seleccionados, la Procuraduría General de la Nación acudirá a la tutela para frenar esos procesos.
A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que sus procuradores regionales y provinciales pedirán a los jueces un trámite preferencial para las tutelas, y como medida cautelar la suspensión inmediata de los cronogramas de los concursos públicos, hasta que las mesas directivas de las corporaciones municipales corrijan las inconsistencias presentadas en desarrollo de las convocatorias.
La Procuraduría, como parte de la acción preventiva de vigilancia a la elección de 1.102 personeros en todo el país, busca con la presentación de las 122 tutelas la protección al debido proceso administrativo, al trabajo, al acceso a cargos y a la función pública, así como a los principios de la función administrativa de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
Las tutelas van dirigidas contra las mesas directivas de los concejos que suscribieron convenios con Creamos Talento, Fedecal, Fenacon, Olted en municipios de Antioquia, Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Santander, Tolima, Vichada.
Por municipios las tutelas están dirigidas contra las mesas directivas de Barbosa, Ciudad Bolívar, Entrerrios, Hispania, Jardín, Pueblo Rico, Salgar, Valdivia y Yondó en Antioquia; Leticia – Amazonas, Fortul – Arauca, Arenal, Regidor, San Pablo y Simití en Bolívar; Aquitania, Chinavita, Chíquiza, Cómbita, El Espino, Firaviyoba, Garagoa, Guateque, Güicán, Moniquirá, Motavita, Paya, Sáchica, San Eduardo, San Pablo de Borbur, Santa María, Santa Sofía, Soatá, Sogamoso, Tinjacá, Tununguá, Ventaquemada, Villa de Leyva, Viracachá y Zetaquirá en Boyacá.
Villa Rica – Cauca, Curillo, El Doncello, Puerto Rico y Solita en Caquetá; La Gloria, La Jagua de Ibirico y Pailitas en Cesar; Beltrán, Caparrapí, Cáqueza, Choachí, Cucunubá, Funza, Girardot, Guachetá, Mosquera, Pandi, Sasaima, Sutatausa, Tenjo y Venecia en Cundinamarca; Hobo – Huila, Barrancas – La Guajira, Ariguaní – Magdalena, Arboledas, Bochalema, Cucutilla y Tibú en Norte de Santander.
Puerto López y Puerto Rico en Meta; Armenia – Quindío, Aguada, Barbosa, Bucaramanga, Cabrera, Cepitá, Charalá, Chima, Chipatá, Curití, El Carmen de Chucurí, El Guacamayo, El Peñón, Encino, Galán, Gámbita, Girón, Güepsa, Jordán, Jesús María, Matanza, Ocamonte, Onzaga, Palmar, Páramo, Piedecuesta, Puente Nacional, San Andrés, San Benito, San Pedro, Santa Elena del Opón, Simácota, Socorro, Valle de San José, Vélez y Villanueva en Santander; Sampués, San Pedro y Sucre en Sucre; Anzoátegui, Carmen de Apicalá, Cunday, Falán, Melgar, Ortega, Rovira, Venadillo y Villarrica en Tolima, Mocoa y Puerto Asís en Putumayo y Puerto Carreño en Vichada.
Investigaciones
Simultáneamente, la Procuraduría les abrió investigación disciplinaria a los presidentes de los concejos de Uribe, Restrepo, Puerto Lleras, Granada, El Dorado, Lejanías, El Castillo, El Calvario, La Macarena y Acacias en el departamento del Meta, y Gachantiva y Chitaraque en el departamento de Boyacá, por presuntas irregularidades en los concursos de elección de personeros.
Se trata de Milton Harbey Barbosa, Adriana Paola Peña, Yamit Quintero, Luis Alberto Montilla, Nubia Silva, Julián Díaz, Luis Dainer Cruz, Javier Ernesto Alférez, Oscar Yecid Chacón, José Ignacio Serrato, Querubín Rodrigo Pinilla y Martha Priscila Niño.
Además, el ente de control solicitó a las 12 mesas directivas de los concejos suspender el proceso de selección, hasta que exista claridad sobre la experiencia con la que cuenta la empresa Solución Planificada Grupo Empresarial Solidario para adelantar los concursos.
El 6 de diciembre el Ministerio Publico, como parte de la vigilancia que adelanta a la elección de 1.102 personeros en el país, solicitó a los 12 concejos de Meta y Boyacá información sobre los criterios que tuvieron en cuenta para determinar la idoneidad de la empresa seleccionada, y si la experiencia certificada era proporcional y adecuada con el objeto del convenio y la verificada por esas corporaciones.
Solución Planificada Grupo Empresarial Solidario al parecer no contaría con la idoneidad, experiencia y capacidad para ejecutar el objeto del convenio firmado con cada uno de los 12 concejos municipales, que incluía la elaboración y practica de pruebas de conocimientos y de competencias laborales.
De acuerdo con el Registro Único Empresarial y Social –RUES– la firma reporta entre sus actividades contratos de fumigación y desratización, actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales y recolección de desechos peligrosos.
Los presidentes de los 10 concejos municipales de Meta y dos de Boyacá podrían haber desconocido los principios de la contratación estatal, al contratar con una empresa que presuntamente carecía de capacidad, idoneidad y experiencia para ejecutar y cumplir con las obligaciones pactadas.
La Procuraduría decretó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
La investigación busca determinar si la conducta de los implicados es constitutiva o no de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habría cometido y su responsabilidad disciplinaria, conforme lo dispone el artículo 153 de la Ley 734 de 2002.
