Esta situación se evidenció este lunes en la que muchos viajeros no podían hacer como de costumbre, tomar cualquier canoa apostada a orillas venezolana, sino siendo obligados a pasar por el paso conocido como “Don Elías”. La determinación la adoptaron las mismas autoridades venezolana, permeadas por la corrupción y como forma de presión para poder cumplir con el pago de las vacunas a los agentes del Estado y de la misma guerrilla colombiana.
Lo revelado por la comunidad en este paso fronterizo es que se le tiene que pagar un porcentaje de $500 pesos por persona a los jefes de la Guardia Venezolana, el Ejército Nacional, la Infantería de Marina, el SEBÍN, los cuerpos de Investigación, quienes integran la DIN, que es la agencia de Inteligencia Militar, los Boliches, a quienes hacen parte de la DIGESIN, al canoero, como a los cabecillas de las disidencias armadas y los guerrilleros del Eln, que tienen el control de todo lo que se mueve en esta zona de frontera.
El negocio es redondo, el que se puso en evidencia hace algunas semanas atrás, cuando se registró un enfrentamiento entre funcionarios del Estado y las disidencias que cobró la vida de un inocente lugareño dedicado a la prestación del servicio de taxi, una muerte que quedará en la impunidad porque en Venezuela no hay autoridad.
Mientras tanto, en medio de la crisis social, económica y política que se viven en el vecino país, las personas del común que tienen necesidad de trasladarse a los puntos fronterizos en busca de lo básico de la canasta familiar, tendrán que continuar pagando las vacunas con los que se financia la clase política y de Estado de un gobierno corrupto y dictatorial.
fuente lavozdelcinaruco.com
