Este jueves, un juez de control de garantías dejó en libertad a 8 militares investigados por el homicidio de Ciro Alfonso Manzano Ariza, familiar de un exguerrillero de las Farc, y la tentativa de homicidio a Andrés Fabián Salcedo Rincón, en marzo de 2018 en inmediaciones de caño Tembladores de la vereda Bocas del Ele, Arauquita (Arauca).
La Fiscalía capturó a los uniformados, adscritos al Batallón Terrestre Número 29, el 23 de octubre de ese año, y el 31 de octubre les imputó cargos por homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado al cabo segundo Manuel Esteban Torres Hernández y a los soldados profesionales Siber Estone Ortiz Rivera, Brayan Osorio Molina, Miguel Ángel Ortiz Olivero, Juan Gabriel Quinaya, Nicolás Ortiz Tarachez, Antonio Ospina Frauder, Jhonatan Pacheco Contreras y Andrés Felipe Ortiz Álvarez.
A pesar de que el 26 de abril de 2019 el juzgado penal del circuito de Saravena (Arauca) citó a audiencia de acusación a los militares, la defensa de los uniformados solicitó que el caso fuera a la Justicia Militar, y a partir de allí el expediente rotó de un lado a otro sin que hasta el momento se haya definido la competencia de esta investigación.
El 19 de junio de 2019 la Sala Disciplinaria de la Judicatura se abstuvo de definir competencia y devolvió el expediente al Tribunal Superior de Arauca para que éste tomara la decisión. El 20 de julio la Sala Penal del Tribunal Superior decidió que
no era la que debía resolver la competencia, y le ordenó a la Juez de primera instancia que se pronunciará sobre el tema, lo cual hizo, enviando nuevamente a la Sala Penal del Tribunal de Arauca las diligencias.
Luego, el 2 de agosto de este año el Tribunal Superior de Arauca remitió el proceso al juez 48 de instrucción penal militar para que propusiera el conflicto y remitiera la
actuación ante la Sala Disciplinaria, de modo que esa sala del Consejo Superior de la Judicatura sí pudiera dirimir el conflicto de competencias; pero el juez de isntrucción militar se demoró 40 días en hacerlo.
Y desde el 10 de septiembre de este año el caso está en el despacho de un magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quien ya emitió una ponencia, pero esta no ha sido debatida por la sala, por lo que aún no hay decisión.
Por todas estas demoras se venció el tiempo en que los militares podían estar detenidos preventivamente antes de su juicio, por lo que el juez de garantías de Bogotá tuvo que otorgarles la libertad, según lo dispone la ley.
Aunque los uniformados están libres, seguirán vinculados al proceso en su contra y la Fiscalía indicó que mantiene su compromiso de investigar y judicializar a los autores de crímenes cometidos contra excombatientes de las Farc y sus familiares, y está a la
espera de la decisión que en este caso adopte la Sala Disciplinaria para continuar
con el proceso.
fuente eltiempo.com
