La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió este lunes que los ataques de grupos armados ilegales contra líderes sociales colombianos también afecta a la prensa y se cobró la vida de dos periodistas en los últimos meses.
En el informe sobre Colombia, que fue presentado ante la 75 Asamblea General de la SIP en Miami, el organismo señaló que Libardo Montenegro y Mauricio Lezama fueron asesinados, «según indicios confiables, por su trabajo como periodistas y en particular en temas de paz y derechos humanos».
«Estas muertes se complementan con las amenazas a periodistas, en particular, en territorios escenario de disputa entre ilegales», agregó la información.
Desde la firma de la paz con la guerrilla de las FARC, en noviembre de 2016, se ha incrementado la persecución y los asesinatos contra los líderes sociales lo que ha costado al vida a entre 500 y 700 de ellos, según distintas fuentes.
Lezama, dedicado al cine, fue asesinado el pasado 9 de mayo en La Esmeralda, en el departamento de Arauca (fronterizo con Venezuela), mientras realizaba entrevistas para un documental sobre las víctimas del conflicto armado en Colombia.
El cineasta murió de forma instantánea después de que varios desconocidos dispararan contra él, en un ataque en el que otra persona resultó herida.
Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), citada en el informe de la SIP, el caso fue un «crimen de oficio» y «ningún miembro de la Fiscalía o de la Policía Judicial pudo llegar a tiempo a la zona por no tener garantías de seguridad por parte del Ejército y de la Policía».
«Desaparecieron de la escena del crimen el celular y su cámara, así como los casquillos de las balas. Todavía no hay resultados en la investigación para dar con los responsables», añadió la SIP, que detalló que en Arauca la FLIP ha registrado 12 ataques contra la prensa en lo que va de 2019.
Por otra parte, Montenegro, de 40 años, dirigía un programa informativo en Samaniego Estéreo, una emisora del departamento sureño de Nariño que forma parte de la iniciativa Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia apoyada por la Unión Europea (UE).
La SIP también manifestó que en Colombia hay una tendencia en aumento, por parte de ciudadanos y de entidades, de recurrir a la justicia para atacar a los medios.
Según la Sociedad Interamericana de Prensa se está apelando al «derecho al olvido aprovechándose de los vacíos legales para eliminar noticias de los archivos digitales de los medios».
En ese sentido la Asociación de Medios de Información (AMI) y la Procuraduría General de la Nación están analizando varios casos para «establecer si existe un patrón o un modus operandi tras estas acciones legales, en particular por parte de entes estatales».
Como ejemplo de ello, la SIP citó un fallo de un tribunal de Cali que ordenó al diario El País, de esa ciudad, distorsionar el rostro de un hombre que protagonizó una accidente vehicular en un video publicado por el medio.
«Este fallo podría generar un precedente de obligar a los medios a buscar la autorización previa de quienes participen en hechos noticiosos. Se espera que la Corte Constitucional acoja la solicitud de revisión del fallo», añadió la organización.
Otro caso es una acción de tutela (recurso de amparo) que interpusieron varios periodistas luego de que un juez decidiera no permitirles estar en una audiencia de un juicio contra el exdirector de una cárcel de Bogotá.
«Esta facultad de los jueces de pedir el retiro de la prensa solo procede en casos determinados por la ley de forma taxativa. Entre estos están los que toquen a la seguridad nacional, el orden público y aquellos en los que tengan relación directa menores de edad», explicó la SIP.
